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Carta abierta al Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar.

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RAUL FALLA

Kidon

Señor Procurador, permítame recordarle que por disposición constitucional usted es el abogado del Estado, responsable de asesorar jurídicamente a las dependencias públicas, así como de promover las acciones legales que sean necesarias en defensa del estado de derecho y la institucionalidad del país. Le atañe también, la obligación de denunciar a todos los funcionarios públicos que, en el ejercicio de su cargo, violenten la Constitución o la ley.

Desde que tomó posesión del cargo, usted se ha negado a cumplir con las obligaciones que le corresponden, lo cual, generó una crisis jurídica, política y social, que ha sido  convenientemente aprovechada por grupúsculos de revoltosos y apátridas, así como de malos funcionarios públicos, que, ante la falta de implementación de acciones judiciales y administrativas de su parte, encontraron el camino directo para atentar impunemente en contra de los intereses del Estado y la certeza jurídica.

Su carente gestión permitió, que los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, limitaran las atribuciones constitucionales conferidas a los tres organismos del Estado. Por ejemplo, al Presidente de la República, la facultad para tratar la política internacional, en el caso del señor Anders Kompass, así como en la expulsión del ex comisionado Iván Velásquez Gómez y demás extranjeros de la CICIG. Al Organismo legislativo, la atribución para tramitar, conocer y resolver el antejuicio promovido en contra de los tres Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y, al Organismo Judicial, el derecho a elegir a su presidente, así como al Magistrado Suplente de la Corte de Constitucionalidad, ambos defenestrados por esa aberrante Corte.

Permitió además, sin gestionar una sola acción, que esa Corte emitiera resoluciones en contra de los derechos constitucionales de propiedad privada, industria, comercio y trabajo, de personas particulares, así como de empresas mineras, palmeras, y productoras de energía de eléctrica, con las graves consecuencias para el sector laboral más necesitado del país.

Toleró sin chistar palabra, los continuos ataques del Procurador de los Derechos Humanos a la institucionalidad del país, así como los amparos maliciosos que presentó, y quien hoy, cabildea ante esa misma Corte, la destitución de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Gobernación, funcionarios que a diferencia suya, han tenido la gallardía de defender el Estado de Derecho y la institucionalidad el país.

En el allanamiento ilegal que se llevó a cabo en el aeropuerto, por particulares y agentes del Ministerio Público, dejó de promover las acciones legales pertinentes en contra de los responsables, a pesar de las graves sanciones económicas que se emitirán en contra del país, y que obviamente deberemos pagar los contribuyentes.

Hasta llegar al punto donde Usted, de forma dolosa omitió impugnar jurídicamente el acuerdo ilegal suscrito entre el Tribunal Supremo Electoral y la extinta CICIG, con miras a preparar un fraude electoral en favor de quien representa los intereses de la extrema izquierda en el país, lo cual de concretarse, permitirá no solo el retorno de este cuerpo clandestino de investigación, sino que además, el inicio de una cacería judicial desproporcionada en contra de todo aquel opositor político e ideológico, iniciando con el actual Presidente de la República, su familia y demás funcionarios de gobierno.

Estos, sumados a otros casos que son de conocimiento general, me hacen llegar a la conclusión, que le quedó grande el traje al Procurador General Jorge Luis Donado Vivar, quien durante su nefasta gestión, lo único que procuró eficientemente fue su cheque mensual. Pues, de allí, no presentó más que tan solo un acción jurídica, en contra de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la cual por cierto se rechazó in limine, sin que el flamante abogado del Estado, promoviera los medios de impugnación idóneos para tratar de revertir este fallo.

Ante su negligente gestión, lo prudente y ético seria renunciar, pero ante la falta de valor incluso para eso, no queda otro camino más que el Presidente de la República lo destituya inmediatamente, para evitar consecuencias jurídicas ulteriores, y proceda a designar en su lugar a un abogado con valor, definido, que conozca la administración pública y que actúe en defensa de los intereses del Estado.  

“…Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia”. Eduardo Couture. Los mandamientos del abogado.


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