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Antejuicio a Torres, temporalidad, escenarios

Evolución

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad hizo pública este miércoles la más reciente acción en contra de varios funcionarios y allegados a un partido político por presuntas ilegalidades cometidas en cuanto al financiamiento de sus campañas. En este caso, le llegó el turno al partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y en específico a su candidata presidencial Sandra Torres, junto a otros funcionarios y figuras allegadas a ese partido. Esta acción, que muchos exigían que debió haberse promovido ya hace tiempo, se suma a una buena cantidad de acciones penales similares promovidas por la FECI en contra de prácticamente todos los partidos políticos de más relevancia en Guatemala.

No faltarán, desde luego, las elucubraciones acerca del momento en que se presentó, es decir inmediatamente después de que Sandra Torres quedó formalmente inscrita como candidata presidencial, gozando por ende del privilegio del antejuicio. Independientemente de que la temporalidad de esta acción haya sido o no intencional, las explicaciones que se propongan sobre el tema, seguramente apuntarán a alguna de las siguientes hipótesis.

Por un lado, podría decirse que la acción fue tardía dado que Torres ya se encontraba inscrita como candidata y gozando de antejuicio, de manera que no se va a impedir su candidatura. Sobre todo, si se toma en cuenta el tiempo que pueda demorar el pronunciamiento definitivo sobre el antejuicio, incluido el respectivo amparo. A ello agregaría que el anti-voto hacia Sandra Torres ya está definido, por lo que el efecto marginal de una acción penal que daña su imagen será nulo o muy poco; y por otro lado, tiene ya garantizado un caudal de sus simpatizantes, por lo que podría decirse exactamente lo mismo. En resumen, en cuanto a la consideración que hace el votante sobre Torres, básicamente ya decidió si le rechaza o apoya, y esta reciente acción difícilmente hará una diferencia o cambio sustancial en la intención de voto, sea en contra o a favor. Incluso, si se quisiera alimentar más la visión que el Ministerio Público de alguna forma ha sido benevolente con Torres y la UNE, esta hipótesis encajaría bien, puesto que el efecto de esta acción sería intrascendente y a la vez la FECI podría argumentar que se ha lavado la cara promoviendo finalmente una acción penal en contra de Torres para apaciguar a quienes tanto le reclamaron su inacción en el pasado en ese particular sentido.

Por otro lado, podría también decirse que la acción implicará la imposibilidad de que Torres pueda continuar en la contienda en el supuesto que el antejuicio prospere, que Torres sea ligada a proceso e incluso enviada a prisión preventiva; después de todo, la FECI solicitó órdenes de captura para todos los demás acusados que no gozan de antejuicio. Bajo este razonamiento, la temporalidad de esta acción servirá para dejar a la UNE sin candidato presidencial, al no poder reaccionar a tiempo, allanando el camino para otros candidatos y rivales políticos que compiten por esa porción del electorado ideológicamente afín. En resumen, se habría eliminado a la principal rival que tienen los demás candidatos que se ubican al mismo lado del espectro político, quienes se verán beneficiados, lógicamente. ¿Será, por ejemplo, Thelma Aldana, quien saldría más favorecida en caso de tener sustento esta hipótesis?

Independientemente de que el hecho que la acción se haya presentado justo en este momento sea mera casualidad o haya sido con intención, los efectos sobre el proceso electoral dependerán más bien de lo que resuelvan las instancias judiciales y el tiempo que demoren en hacerlo. En el primer escenario, el antejuicio no prospera y la candidatura de Torres continúa sin haber sido afectada significativamente. En el segundo escenario, el antejuicio prospera y los efectos de la acción penal descarrilan la candidatura de Torres. La UNE, hábil en el entorno para maniobrar políticamente, habrá de procurar una simbiosis a modo de fortalecer con su caudal  político a la nueva abanderada de la izquierda y a cambio mantener cierta influencia en caso de un eventual triunfo. Tampoco se puede descartar la posibilidad que el antejuicio demore, que Torres gane la presidencia y que posteriormente se le dicte auto de procesamiento. Donde, en caso sea sujeta a prisión preventiva o sea condenada, no podría continuar en el ejercicio de la presidencia. Habrá que estar muy atentos a que las instancias judiciales resuelvan el tema con el debido sustento jurídico, con solidez en sus razonamientos y con coherencia respecto de los hechos, puesto que las implicaciones de tipo político pueden ser de mucho impacto.


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