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Infraestructura y desarrollo

La Agenda 2030 para el Desarrollo del Sostenible fue aprobada en el año 2015 con el objetivo de transformar la concepción de desarrollo a la sostenibilidad económica, social y ambiental de los Estados que conforman las Naciones Unidas. La hoja de ruta trazada en presenta una oportunidad para América Latina y el Caribe, y por ende para Guatemala. Las prioridades para esta región son la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, el crecimiento económico inclusivo y las ciudades sostenibles, entre otros.

De los objetivos presentados me gustaría abordar el noveno de ellos que consiste en construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Para ello se fija como mecanismo la inversión en infraestructura y el empoderamiento de las comunidades. Se anima a desarrollar infraestructura regional y transfronteriza.

La brecha de la inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe respecto de las otras regiones se ha estrechado, pero todavía se sigue estando lejos de los países desarrollados. Los sectores que destacan en esta inversión son el transporte, energía, telecomunicaciones y agua y saneamiento.

El sector transporte es uno de los que más problema genera a lo interno de Guatemala. El crecimiento de la tasa de motorización ha generado una presión en el sistema de transporte local, que todos aquejamos diariamente. La dificultad de trasladar personas y mercaderías tiene un efecto económico y, además, un efecto en la calidad de vida de las personas. La movilidad urbana ha representado uno de los retos más grandes en el país. El crecimiento expansivo de las áreas urbanas, junto con el incremento demográfico, ha resultado en un fuerte congestionamiento, lo cual ha llevado a la necesidad de priorizar el desarrollo e integración de sistemas de transporte público masivo, tanto para reforzar el sistema público actual, como la búsqueda de alternativas de movilización para que aquellos que formar parte del parque vehicular, con el objeto de hacerlo más efectivo.

Los sectores de energía y telecomunicaciones son los que más crecimiento han tenido. Sin embargo, recientemente la inconstitucionalidad del Acuerdo Gubernativo 145-2013, que agilizaba el Plan de Expansión de Transmisión (PET), necesitará de una solución alternativa y legalmente viable, que se ajuste al objetivo nueve. Contrario a ello, la infraestructura en el sector de agua y saneamiento es la que más sufre. El acceso al recurso hídrico y una eficiente regulación que permita tener seguridad jurídica para la inversión está pendiente desde hace casi un siglo.

Si bien sabemos que la inversión en infraestructura es un factor potencial del desarrollo económico, también es importante que se refuerce la institucionalidad, mediante el establecimiento de reglas claras para los individuos, inversionistas y comunidades, para que estas produzcan no solo el impacto económico pretendido, sino que garanticen los derechos de los miembros de la sociedad. Con una institucionalidad fuerte se pueden aprovechar de mejor forma las oportunidades que la inversión pública ofrece.

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