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TSE-FECI, un fraude electoral anunciado.

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RAUL FALLA

Kidon

En el mes de agosto del año recién pasado, escribí la columna titulada, “Objetivo CICIG, robarse las elecciones”, donde analicé parte de los acontecimientos que hoy, están llevándose a cabo, para allanar el camino electoral de la candidata que representa los intereses de la extrema izquierda en el país.

El plan orquestado consistió, primero, en elevar el perfil de la ex Fiscal General Thelma Esperanza Aldana Hernández, quien utilizó como plataforma política al Ministerio Público, para posicionarse como la supuesta lideresa de la lucha contra la corrupción. De esa cuenta, se dio a la tarea ilegal de llevar a cabo una cacería indiscriminada en contra de empresarios, políticos, abogados, militares y funcionarios públicos que le resultaran incómodos para lograr su objetivo.

Para ello, designó en puestos claves a personal afín, que por un lado le garantizaran impunidad y por el otro apartar del camino a cualquier enemigo político mediante la presentación de acciones penales espurias. Así, entregó la jefatura de la fiscalía de delitos electorales al licenciado Oscar Shaad, la fiscalía contra la corrupción, al abogado Stuardo Campo Aguilar, y la de asuntos internos a Romeo Santos y Santos, a pesar de que los mismos carecen de las aptitudes necesarias para ocupar tales cargos.

De la misma forma, ubicó estratégicamente al operador político del non grato, Juan Francisco Sandoval Alfaro, como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, para desde allí lanzar la ofensiva destinada a desacreditar jurídicamente a cualquier candidato que pretenda opacar la ambición desmedida de su antigua jefa.

Para garantizar el fraude electoral, los enemigos de la libertad procedieron a mover los alfiles convenientemente ubicados en el Congreso de la República, y me refiero a los diputados del partido político, Unidad Nacional de la Esperanza, y en especial, al diputado Mario Taracena, quienes ingenuamente bajo el supuesto de facilitar la candidatura presidencial de la señora Sandra Julieta Torres Casanova, procedieron a modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sin sospechar que a la postre, serían traicionados por sus pares ideológicos.

Para rematar, con la suscripción del convenio ilegal entre el Tribunal Supremo Electoral y la extinta CICIG, el cual tiene por objeto acaparar por completo el control del órgano rector del proceso electoral, así como, de la unidad de medios de comunicación y el registro de ciudadanos, desde donde se facilitará calificar o descalificar a cualquier candidato, autorizar o denegar la participación de una u otra agrupación política, el manejo de la pauta publicitaria a favor de un candidato determinado, la transferencia de datos informáticos, el traslado de las papeletas y las urnas, hasta el conteo de los votos.

Y es que a pocos días de arrancar el proceso electoral, vemos con sorpresa que el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral, negó la participación de una agrupación política, fundamentándose en motivos ilegales e irracionales, así como las sanciones a determinados partidos políticos por supuesta campaña anticipada y la complacencia y tolerancia con otros. La gestión oficiosa para acelerar la inscripción de unos a pesar de las ilegalidades cometidas en sus asambleas o convocatorias, y la negativa en registrar a otros, a pesar de cumplir con los requisitos de ley.

Thomas Jefferson, dijo que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, y por ello corresponderá a los buenos guatemaltecos, vigilar y fiscalizar muy de cerca la actuación del Tribunal Supremo Electoral, quien deberá adecuar su conducta al canon legal, y garantizar por completo que esta fiesta cívica, se realice de forma transparente, ordenada y legal para que al final se imponga la voluntad soberana de los guatemaltecos.

TEXTO PARA COLUMNISTA
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