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Compadrazgo entre extorsión y talacha

Poptun

Un alto porcentaje de guatemaltecos ha sido víctima de extorsión. Según datos que difundió el Ministerio Público a finales del 2018, por este delito recibieron 598 denuncias en el call center 1574 y 2,178 en la aplicación “Denuncias MP Extorsiones”.

Esas cifras no reflejan el impacto de este flagelo, porque la mayoría de perjudicados prefiere guardar silencio y no denunciar, principalmente por miedo a que las amenazas se conviertan en realidad, o porque estiman que las acciones legales para castigar a los responsables no llegan con la prontitud.

La extorsión es un ilícito que además de las pérdidas materiales que ocasiona, ha cobrado muchas vidas. Ha marcado el diario vivir a miles de personas y familias quienes para continuar viviendo deben pagar o huir a otros lugares. Encontramos muchas colonias o sectores de la capital que parecen lugares fantasmas: las personas han escapado de la violencia y de esta calamidad.

La actividad comercial es gravemente afectada por este mal, repercutiendo en el desarrollo socioeconómico por la inseguridad en la inversión derivado que los empresarios  arbitrariamente se ven obligados a cancelar una “cuota” para continuar operando sus negocios y no perder la vida.

Muchas personas que no han sido extorsionadas, estiman que no deben preocuparse por este problema si viven en un lugar con aceptables medidas de seguridad. Sin embargo, eso no es tan cierto porque de una u otra manera toda la población paga por ese delito o por las medidas de seguridad para reducir sus consecuencias.

Los costos que los empresarios pagan para restringirla, entre ellos, de seguridad o cámaras, los trasladan posteriormente al consumidor; igual que los comerciantes que pagan el impuesto, incluyen ese gasto en sus productos, por lo cual, finalmente este delito afecta el bolsillo de todos.

Pero cuando se analizan las causas que originan este fenómeno, entre ellas, las socioeconómicas y culturales, también se debe evaluar la corrupción en instituciones públicas.

Una acción que podría tener gran influencia en la creación o aumento de este delito y que proviene de la corrupción enquistada en una institución pública es la “talacha”, la cual según múltiples denuncias, se cobra a privados de libertad.

Ese pago, se sabe, afecta a toda actividad carcelaria: Desde el ingreso de una persona a prisión, cuando le cobran un monto según su perfil económico, por usar una plancha para dormir, una silla, una mesa y todo por lo que quieran ceder.

La sociedad guatemalteca no se cuestiona que esa talacha se requiere a quienes no tienen trabajo y un ingreso fijo mensual para solventar esa cobranza.

El reo debe recurrir a su familia por esos fondos, o bien, sólo o con ayuda de su familia busca los medios para obtener dinero y pagar la deuda. Es posible que esos medios tampoco sean legales porque en algunos casos ya hay costumbre de delinquir, y por eso varios extorsionan desde la cárcel a ciudadanos comunes porque necesitan dinero para cumplir y garantizar la vida de su familiar o la propia.

Las investigaciones por estos sucesos, es responsabilizar únicamente a los involucrados en el acto infraganti y pocas veces se extiende a la estructura criminal para individualizar a los autores intelectuales.

La indagación mucho menos trata de examinar el origen del delito, cuando un poderoso motivo podría ser la talacha o cobros que se generan en las cárceles. Ningún funcionario de los que han promovido o permitido este delito, es considerado parte de esas estructuras criminales.

Tomemos en cuenta que los presos deben cancelar un monto diario, semanal o mensual para obtener derecho a agua, luz, llamar a través de teléfonos públicos, también para ser trasladados a otros centros carcelarios, tener autorización para un proyecto laboral, ingresar un televisor, una estufa, implementos de trabajo, recepcionar encomiendas de comida y enseres personales, recibir visitas de familiares y amigos o para que les extiendan un informe de buena conducta o de trabajo, entre otras cosas. Recolectas que se delata no son impuestas por otros presos.

La extorsión es un fenómeno delictivo complejo que explorando sus razones, se podría originar o recrudecer con el aumento de pagos exigidos a los reos dentro de la prisión y difícilmente cese si no se efectúa una investigación integral que permita procesar  a sus verdaderos cerebros que no precisamente se cubren de tatuajes como muchos creen, sino de corbata y traje sastre.

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