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¡Una respuesta inmediata!

Pensamiento Crítico

Durante esta semana, en uno de los diarios matutinos tuve la oportunidad de leer la solicitud que hizo la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, Nester Mauricio Vásquez Pimentel, con el afán de solicitar la remoción del director de seguridad del Organismo Judicial, el señor Roberto Mota Bonilla.

Resulta que los jueces se sienten vulnerables ante su seguridad. Se ha denunciado que el señor Roberto Mota Bonilla está detrás del seguimientos que le hacen a los jueces. La denuncia presentada por estos se suma a la de uno de los Sindicatos de Trabajadores del Organismo Judicial, quienes, entre otras cosas, también señalan el seguimiento y vigilancia de jueces.

Esta es una situación gravísima que debe ser atendida por las máximas autoridades del Organismo Judicial. De confirmarse estas denuncias no solo debe de removerse al director, si no se deben de deducir las responsabilidades, como un mecanismo ejemplar para que estas situaciones no se repitan.

Quien atente a la independencia del Organismo Judicial, debe sancionársele e incluso, señala la Constitución, inhabilitársele para ejercer cualquier cargo público.

Si usted al enterarse que hay jueces, del ramo penal en su mayoría, que están siendo vigilados y seguidos por instrucciones del director de seguridad del organismo para el que trabajan, no se conmociona, algo está mal. La seguridad de los jueces es parte fundamental para garantizar la independencia judicial. Este país no se puede dar el lujo que los jueces teman por su seguridad por acciones que vienen del mismo Organismo Judicial, por sus funcionarios administrativos.

La propia visión de este organismo lo establece: “Ser un organismo de Estado con credibilidad y aprobación social, con personal especializado e íntegro, en condiciones óptimas de funcionamiento, velando por la tramitación oportuna, la dignidad e igualdad de todas las personas usuarias”. La cual, además, cuenta con una política institucional en materia de seguridad que busca maximizar la seguridad institucional y la atención permanente de las judicaturas. Es por ello que esta situación debe ser resuelta con la inmediatez que amerita y exigen las circunstancias.

Los funcionarios y empleados públicos deben de tomar con la seriedad que se amerita los puestos públicos que ocupan. La seriedad va acompañada de la responsabilidad. Desde la  o las personas que ocupan el cargo de máxima autoridad, hasta aquellos más operativos deben de asumir sus posiciones de esa forma. Las instituciones están formadas de personas y el fortalecimiento de las mismas pasa por la cultura de trabajo que estas tengan.

La lucha por el fortalecimiento institucional del Organismo Judicial es una demanda generalizada que a algunos no interesa que avance. No importa la simpatía que tenga algún empleado público por alguna posición política o personal, eso no debe interferir con su trabajo.

Este escándalo, tal cual es, debe de resolverse de forma transparente. Los ciudadanos tenemos derechos de una respuesta inmediata de las autoridades y de una explicación clara de la forma en la cual se afrontará la situación, así como la forma en que se resuelva.

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