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TSE, crónica de un fraude electoral

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RAUL FALLA

Kidon

Junio, es el mes en el que se llevarán a cabo las elecciones generales con miras a elegir, presidente y vicepresidente, diputados y alcaldes a nivel nacional, por lo que, debería ser una verdadera fiesta patria de manifestación soberana. Sin embargo, los últimos acontecimientos que se han suscitado en la máxima corte electoral del país, anuncian que el proceso político será todo un fiasco.

La permanencia ilícita del personal de la CICIG en ese tribunal, lejos de dar certeza jurídica al proceso electoral, da un verdadero temor, pues si las ilegalidades e inmoralidades de los obscuros personajes que rodean la extinta comisión, llegaron al punto de concretar una relación sentimental entre investigadores y colaboradores falaces, no quiero ni pensar que más serán capaces de hacer, en su afán por cooptar la presidencia y el Congreso de la República, para prorrogar el mandato de esa fallida comisión y traer de regreso al non grato al país.

De la misma forma, el convenio firmado con el grupúsculo denominado Somos, una plataforma dedicada a atacar el orden institucional y el estado de derecho del país, alidada a terroristas corruptos de antaño, quienes a toda costa pretenden llegar al poder para imponer un sistema socialista, basado en la repartición igualitaria de la miseria, y destruir los valores fundamentales del ser humano, como lo son, la creencia en Dios, el respeto a la vida y la familia, el matrimonio entre un hombre y mujer, la libertad y la propiedad privada.

Hemos visto como ese Tribunal Electoral, sometido a los designios del expulsado colombiano, de manera ilegal, busca a toda costa impedir la participación política de la licenciada Zury Ríos Sosa, fundamentándose de manera absurda en una prohibición constitucional que desde ningún punto de vista le afecta, con lo cual, se violenta no solo su derecho constitucional de ser electa, sino que también, el de los guatemaltecos a elegir democráticamente a sus autoridades.

El rechazo a la participación política del Partido Liberal de Guatemala PLG, fundamentándose ilegítimamente, en que una de sus asambleas fue realizada en un lugar distinto al de la convocatoria, cuando la misma se llevó a cabo en la propia sede del partido, lugar donde se citó de conformidad con la ley. Esta aberrante decisión, limitó también los derechos electorales, tanto de los candidatos a elección popular, como de los electores, quienes vieron truncadas sus aspiraciones de llevar a la palestra pública a verdaderos ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país, de la talla de Ricardo Méndez Ruiz, Giovanni Fratti, José Urrutia Estrada y otros tantos líderes departamentales y municipales.  

Sin embargo, inscriben a la velocidad de la luz y sin chistar palabra, a candidatos con trayectoria subversiva, que atentaron en contra de la institucionalidad del país, que asesinaron, secuestraron, dinamitaron torres de energía eléctrica y puentes comunales, y que luego de la firma de la paz, mutaron a falsos defensores de derechos humanos o sindicales, desde donde continúan impunemente violentando el estado de derecho, hurtando energía eléctrica, usurpando violetamente fincas productoras y deforestando las áreas protegidas.

Y que decir de los candidatos o fundadores de algunas organizaciones políticas, señalados de graves hechos de corrupción durante la administración pública, como el caso del ex Ministro de Finanzas Públicas Juan Alberto Fuentes Knight, sindicado en el caso Transurbano, por la defraudación de más de cuarenta millones de dólares del erario público. El caso de la ex fiscal general, Thelma Esperanza Aldana Hernández, señalada por el desfalco de más de treinta cinco millones de quetzales en la compra del Edificio de la Corrupción, así como, de haber otorgado diversas plazas fantasmas por montos multimillonarios y por las cuales ya pende una citación judicial en su contra, promovida por el grupo cívico Guatemala Inmortal.

El caso de la candidata presidencial de la UNE, sobre quien pesan diversas acusaciones delictivas, tales como la que realizó el abogado Rodrigo Rosenberg, o los que se investigan en el Ministerio Público, relacionados con los casos conocidos como Transurbano, Bolsa Solidaria y Bantrab, así como los de financiamiento electoral ilícito y campaña electoral anticipada, los que por alguna razón especial o temor, la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, se niega a judicializar para que no queden impunes.

Hasta llegar al colmo de limitar los derechos constitucionales a la libre expresión del pensamiento y de informar, tanto de los medios de comunicación, como de los candidatos a elección popular, al pretender amordazarlos o condicionarlos para que en las entrevistas o mítines políticos, puedan tratar con toda libertad los temas que les venga en gana, prohibición que rebasa desde todo punto de vista las atribuciones legales del Tribunal Supremo Electoral y los equipara, al tribunal electoral de cualquier régimen totalitario, típico de gobiernos comunistas.

Así, se visualiza un panorama sombrío y desolador para el país, que de concretarse nos sumirá en una grave crisis política, económica y social por cuatro años más. Por lo que, se hace necesario primero que el Procurador General de la Nación, en su calidad de abogado del Estado, realice las gestiones jurídicas necesarias para evitar el fraude electoral que se pretende gestar, así como para impugnar de inconstitucional la ley mordaza que recién emitió el TSE.

Segundo, que la comunidad internacional tome nota del fraude electoral que se pretende concretar, para que, en su calidad de observador internacional haga los requerimientos necesarios para garantizar un proceso político transparente y hondamente democrático, que demuestre la voluntad soberana de los guatemaltecos.

Tercero, que los legítimamente interesados, es decir los buenos guatemaltecos, de forma enérgica, hagan valer sus derechos constitucionales, incluso el de resistencia legítima, para evitar a toda costa el fraude electoral que se concreta desde el propio seno del Tribunal Supremo Electoral.

P.S. Capturen y lleven a juicio al ex fiscal de Derechos Humanos, Orlando Salvador López, responsable de la muerte del señor Elmer Leonel Aldana Pesquera, hace más de tres años.


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