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Ni Thelma, ni Semilla

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RAUL FALLA

Kidon

Hoy, arrancamos con la campaña electoral con miras a elegir el binomio presidencial, diputados al Congreso de la República y Parlamento Centroamericano, así como alcaldías a nivel nacional. Sin embargo, existe el grave riesgo o amenaza de que la organización política denominada Movimiento Semilla y su candidata presidencial, Thelma Esperanza Aldana Hernández, participen en dicho proceso electoral, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

Esto obedece, a que sobre la candidata presidencial existen en el Ministerio Púbico, varias denuncias de corrupción, que conforme avanzan las pesquisas, la acercan más a dirigir algún sector del centro de detención donde quedará recluida, que los destinos de la nación.

Los señalamientos son diversos y van desde la compra ilegal del edificio de la corrupción o edificio fantasma, por el cual se erogaron más de treinta y cinco millones de quetzales y que a la fecha continúa vacío. La plaza irregular que le confirió al decano de la facultad de derecho de la USAC, Gustavo Bonilla, y a sus familiares que nunca llegaron a laborar y por la cual el estado erogó más de dos millones de quetzales, así como la que le otorgó al migrante José Carlos Marroquín Pérez, por más de un millón de quetzales y que nunca se ejecutó, por vivir el supuesto asesor fuera del país.

Es por ello, que a la fecha la constancia transitoria de inexistencia de reclamación judicial o administrativa que le fuera entregada en el mes de octubre del año dos mil dieciocho, ha perdido toda su validez, pues la misma, desde ningún punto de vista puede amparar reclamos posteriores a la fecha de su otorgamiento.

Esto, sumado a que las asambleas del partido político fueron realizadas sin cumplir con los plazos establecidos en la ley, que las mismas fueron convocadas por órganos sin legitimación, y a la omisión de presentar la auditoria que indique el origen de los fondos obtenidos, nos lleva a la conclusión de que el procedimiento administrativo para solicitar el registro de esa agrupación política, carece de sustento legal.

Fue por ello, que ante la amenaza inminente de que la candidata y el partido político fueran inscritos, diversas entidades de la verdadera sociedad civil y personas particulares, presentaron varias acciones jurídicas, que van desde amparos, peticiones constitucionales, recursos de nulidad y revocatoria, con el fin de evitar a toda costa, que se concrete un fraude electoral, con la intención de inscribir a una candidata cuyo perfil no cumple con las condiciones de idoneidad y honradez, establecidas en la Constitución y la ley.

Hoy, solo queda esperar a que el Registro de Ciudadanos, o en su caso el Tribunal Supremo Electoral hagan el estudio correspondiente con relación a la documentación presentada por la agrupación política y su candidata presidencial, en especial la declaración jurada donde la misma, bajo juramento de ley, tuvo que indicar la inexistencia de procesos judiciales, civiles, penales o administrativos, tramitados en su contra, o en su caso, que si existen tales acciones jurídicas. En el primer caso, obviamente estaríamos ante la presencia del delito de perjurio por faltar a la verdad, pues es de conocimientos general las dieciocho denuncias penales que pesan en su contra, mientras que el segundo, quedaría automáticamente anulada su participación.

Ante una eventual sorpresa, el Registrador de Ciudadanos y los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, deben saber, primero, que si retuercen o manipulan la ley para inscribir a este partido político o, a su candidata presidencial, podrían ser consignados por flagrancia, en cuyo caso serían puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia, por gozar de la prerrogativa de antejuicio. Segundo, que además enfrentarían la ira y rechazo de todo un pueblo, que exige elecciones libres, independientes y hondamente democráticas, donde impere la voluntad soberana del pueblo y no de un Tribunal Electoral cooptado.


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