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Expectativa por inscripción

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Muchos guatemaltecos están a la expectativa sí Thelma Aldana, ex fiscal General del Ministerio Público (MP) será inscrita como candidata presidencial. Esta incertidumbre radica en que posterior a extenderle su finiquito, la Contraloría General de Cuentas (CGC) interpuso una denuncia en su contra por estar involucrada en una supuesta plaza fantasma.

Además, pesa otra denuncia contra la aspirante, la que se formalizó este lunes ante los tribunales de justicia por la Fiscalía de Delitos Administrativos. 

En este segundo caso penal figura como imputada la ex fiscal, sobre el aparente contrato anómalo de Gustavo Bonilla, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala como docente para la Unidad de Capacitación del MP. El ente encargado de la persecución penal estima que se cometió el delito de “Nombramientos ilegales”, pero se objeta por el otro sindicado que la investigación fue dirigida para culpabilizar y no para desvanecer los señalamientos y que además no subsisten los presupuestos jurídicos para la comisión de ese delito. El proceso fue declarado bajo reserva por el juez competente.

Se especula que por este nuevo caso, Aldana no podrá participar como candidata presidencial porque tiene prohibición al estar ligada a proceso penal, por lo cual el Tribunal Supremo Electoral no la puede inscribir. No obstante, el Código Procesal Penal establece que “sólo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en el proceso preparatorio, antes de la acusación”.

Posiblemente este rumor surge por el desconocimiento del proceso penal guatemalteco, el cual tiene cinco etapas que va desde los actos introductorios hasta la sentencia y su ejecución, dividiéndose en: Etapa preparatoria, intermedia, de juicio o debate, ejecución de la sentencia penal y las impugnaciones.

En el caso presentado, la Fiscalía de Delitos Administrativos supuestamente solicitó que Aldana fuera citada para primera declaración y no la orden de aprehensión. En ese sentido, su situación jurídica es de sindicada y no de procesada, porque aún no se le ha escuchado y porque ningún juez ha decretado auto de procesamiento para vincularla a proceso penal.  La circunstancia de haberse decretado una citación o una orden de aprehensión no puede ser interpretada como que Aldana se encuentra ligada a proceso penal.

Asociado a la norma del Código Procesal Penal, el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza que “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”.

En cuanto a este derecho, la Corte de Constitucionalidad ha sostenido que “La exigencia constitucional de un trato acorde con el estado de inocencia del procesado hace inviable cualquier restricción a sus derechos con fines sancionatorios o punitivos previo a la emisión del fallo judicial que pueda declararlo responsable de la conducta que se le imputa”. En el caso penal que se inició en contra de la ex fiscal, faltaría mucho para dictarse una sentencia, la que puede ser absolutoria o condenatoria y que ésta quede firme.

Sin embargo será el Tribunal Supremo Electoral que tendrá la última palabra sobre esta candidatura, que a criterio de muchos expertos, es la más temida por otros candidatos punteros por ser una figura de talla nacional e internacional.  Ven curioso la presentación de este nuevo caso penal, más cuando se denuncia que existe un pacto de corruptos que tiene como consigna eliminarla de la contienda electoral porque por su trayectoria no necesita posicionarse ante los electores en el plazo de tres meses que dura la campaña electoral, para surgir como virtual ganadora.


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