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Quién arriesga y quién paga

Energía Ambiente y Población

Juego con probabilidades, el riesgo del inversionista.

Hablando del petróleo, ya hemos mencionado en anteriores ocasiones que, históricamente, la mayor proporción de iniciativas de nacionalización de la explotación petrolera o de metales valiosos se ha dado, sobre todo, cuando la disponibilidad del recurso estaba asegurada plenamente, tanto en volúmenes como en regularidad de la producción.

Las tales iniciativas surgieron pues, una vez eliminado en buena proporción, el factor riesgo de la prospección y producción inicial y asegurado un sustancial flujo de fondos a partir de producciones significativas del hidrocarburo u otro mineral (Aló Pemex).

El asunto es que en la fase de prospección o exploración, no obstante iniciarse esta en base a información sobre la existencia del mineral en las zonas objetivo, se juega siempre con probabilidades de que se encuentre o no acumulaciones o reservas, en magnitudes que justificarán económicamente su explotación. Y está claro que la cara indeseable de la probabilidad (el hallazgo no  significativo) implica, sobre todo,  la no recuperación del gasto.   

Y está claro también que no es admisible a los gobiernos, incurrir en riesgos que pueden resultar en multimillonarios gastos no recuperables. El riesgo va por cuenta del inversionista.

Moraleja: puede ser terrible al incauto, cuando le presentan tentadoras oportunidades de prospección de minerales, no haber preguntado antes que nada, quién arriesga y quién paga.

En materia de inversiones en energía, hay también otro tipo de riesgos, tal el caso de la conflictividad por hidroeléctricas. Asoma acá la complejidad por múltiples factores causales que van desde poblacionales o territoriales hasta culturales o, dado el caso, políticos y hasta delincuenciales.

Y aun queda otra tarea de gobernabilidad del país: frente a la conflictividad sistemática ante proyectos petroleros, mineros o hidroeléctricos, es imprescindible  hoy como mañana, habida cuenta del debido respeto y cumplimiento a la legalidad, respaldar y promover el diálogo constructivo y participativo, apoyado aquel por un lado, en tareas intensivas de informar a todo mundo con veracidad y buena  voluntad. Del otro, exigir la mejor capacidad del Estado en materia de seguridad ciudadana, investigación, identificación, aprehensión y sanción frente a los elementos probadamente delincuenciales.

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