Columnas

¿Atípico o anormal?

Vocación de Libertad

En las líneas siguientes expongo mi perspectiva de lo que sucederá en los próximos meses. Me baso información del dominio público, en la percepción de las condiciones que imperan hoy en el sistema políticoy en lo que con un poco de sentido común se puede anticipar. Creo que existen condiciones suficientes para esperar una crisis política institucional que termine con el “quiebre definitivo” del frágil sistema político actual.

Durante muchos años el sistema político de representación democrática de Guatemala ha venido involucionando. La crisis que antes se decía “subyacente”, ahora se transforma y marcha hacia convertirse en “latente”. Pasar de lo que subyace a lo latente, lo ejemplifica mejor la Nicaragua anterior al 19 de abril de 2018 y la Nicaragua a partir de mayo de ese año. Ruta que también lleva Honduras.

En actitud muy relajada, algunos acuden al expediente conformista y políticamente correcto. Califican este proceso como “atípico”. Es decir, que se aparta de los anteriores en sus características peculiares. Otros, como este servidor, alejados de lo políticamente correcto para buscar la verdad, aunque duela, vemos un proceso electoral “anormal”. Esto es, uno que se encuentra fuera de su estado natural, alejado de las condiciones que le debieran ser inherentes. No es un asunto semántico. La forma como veamos el proceso y la calificación que le demos, debe buscar la verdad.

Nuestro actual proceso electoral se sitúa más en la anormalidad que en lo atípico. En un proceso defectuoso de elección de nuevas autoridades, en cambio, debiera haber máxima certidumbre. En este, a menos de dos meses de la elección, reina toda la incertidumbre posible.

En un proceso normal, participan las mejores opciones de candidatos. En este, con honrosas excepciones, resulta falso afirmar que los mejores hombres del país, los más aptos para gobernar, estarán en las papeletas.

Nos acercamos a la elección sin saber quiénes son los candidatos a diputado y otras posiciones clave dentro de los gobiernos municipales.

Circulan estudios de opinión que si bien miden el nivel de “popularidad”, no reflejan las preferencias electorales.

Es anormal porque lo normal debiera ser un proceso en el que los electores tuviéramos la máxima información posible sobre cada candidato y cada propuesta de trabajo para el país. En cambio hoy la información no es clara, ni suficiente. Es escasa y de mala calidad.

En un proceso normal, las autoridades electorales y otras entidades concurrentes al proceso jurídico habrían realizado, de manera solvente y diáfana, la calificación de credenciales y otros asuntos que les son sometidos.

Hoy es evidente para los ciudadanos la presencia de una enorme cantidad de descuidos. El más grande, quizá, fue registrar candidatos a presidente y vicepresidente; diputados, alcaldes y síndicos con historias de vida que rayaban en lo criminal. Había razones de peso completo para que muchos, ahora candidatos, no pudieran competir por falta de idoneidad. Hemos llegado a la vergüenza de que Estados Unidos nos corrija la plana.

Afirmo que el proceso electoral es anormal –y no atípico—porque lo normal sería que el ente electoral facilitara el cumplimiento de las leyes que lo regulan. En cambio, es precisamente ese organismo el que con su errático y muchas veces inepto comportamiento, arroja más incertidumbre e inestabilidad al endeble sistema político.

En vez de facilitar el cumplimiento de la ley, viola el derecho humano de ejercer su ciudadanía a millones de guatemaltecos residentes en el extranjero. Provoca un fraude [DRAE: Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete] en contra de estos ciudadanos y de las instituciones políticas participantes.

Esta acción fraudulenta del ente electoral además, habilita a quienes se sienten defraudados para ejercer, con pleno derecho, procesos legales en contra de sus resultados. Además, cuentan con el respaldo de normas internacionales que por razones de la moderna práctica del “control de convencionalidad”, pueden acudir a las convenciones ratificadas por Guatemala que hoy son consideradas como leyes internas vigentes y aplicables. Afirmo esto, dada las experiencias que hasta el momento se han vivido en fallos que en diferentes materias, la Corte de Constitucionalidad ha definido, aplicando precisamente la doctrina de “control de convencionalidad”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Guatemala es signataria establece en su artículo 25: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas.

Ese tratado y la misma reforma electoral de 2016, abren la puerta para que ciudadanos individuales u organizaciones de migrantes, planteen jurídicamente a nivel nacional e internacional, recursos legales en contra del Estado para impugnar el proceso electoral mismo. Pueden denunciar que el Estado de Guatemala no está haciendo lo necesario para cumplir con la ley que establece el voto en el extranjero. Que se está vedando ese derecho a ciudadanos guatemaltecos.

Reflexionemos, atrevámonos a enfrentarnos con la verdad que estamos viviendo: Este proceso electoral no se puede calificar como uno “normal”. Reconozcamos su enorme trascendencia en la vida del país. De él habrán de surgir las personas que administren el Estado de Guatemala. Con la sola excepción del Organismo Judicial, el futuro de Guatemala se definirá en junio próximo ¿Puede ser legítimo e incuestionable el resultado de un proceso anormal? ¿Hacia dónde vamos?

Seguiremos conversando sobre este tópico y el voto nulo, como recurso ciudadano para poner al sistema político en orden.

TEXTO PARA COLUMNISTA

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Juan F. Callejas Vargas

Nicaragüense por nacimiento, Guatemalteco por decisión. 72 años de edad, periodista de opinión, casado con una esposa – Ana Lucrecia Aquino de Callejas - con quien ha procreado ocho hijos. Estudios profesionales en Universidad Rafael Landívar, INCAE y post grados en Inglaterra, Brasil y Estados Unidos de América. Amplia experiencia en diseño y ejecución efectiva de programas de comunicación y diseño de Estrategias a nivel comercial para firmas y organizaciones nacionales e internacionales. Estratega de campañas políticas, de gobierno e institucionales en Guatemala y El Salvador, así como mercadeo social.

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