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Ni Thelma ni Sandra

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RAUL FALLA

Kidon

Nos encontramos en pleno desarrollo del proceso electoral, con miras a elegir a las autoridades que desde el ejecutivo, legislativo y corporaciones municipales, dirigirán el destino del país por los cuatro años siguientes.

Lo que debería ser una verdadera fiesta cívica nacional, es hoy, una incertidumbre plagada de ilegalidades, favoritismos y abusos de autoridad, tanto del Tribunal Supremo Electoral, como de la Corte de Constitucionalidad, así como una falta de certeza jurídica por parte del Ministerio Público, quienes se niegan a garantizar a los guatemaltecos un proceso electoral transparente y democrático, donde prevalezca la participación política de aspirantes idóneos, honorables y honrados para ejercitar el poder.

Son varios los casos de inscripción de candidatos señalados de corrupción, dentro de los cuales figuran por ejemplo, el de la ex fiscal general Thelma Aldana Hernández, así como el de la ex primera dama, Sandra Julieta Torres Casanova, quienes enfrentan graves sindicaciones penales que, en cualquier parte del mundo imposibilitarían su participación política.

En cuanto a Thelma Aldana, es de conocimiento general que el Ministerio Público investiga más de veinte denuncias presentadas en su contra, las que van desde la compra anómala del edificio de la corrupción por treinta y cinco millones de quetzales, pasando por la contratación del migrante José Carlos Marroquín Pérez, como su asesor personal, y por virtud del cual se despilfarró más de un millón de quetzales; hasta llegar al extremo de condonar sin tener la calidad jurídica para ello, la cantidad de trescientos cincuenta millones de dólares, a la entidad brasileña Odebrecht, a cambio de la declaración de un colaborador eficaz. Esto, sumado a la denuncia por los asensos ilegales de once fiscales regionales, y a la contratación ilegitima o fantasma, del decano de la facultad de derecho de la USAC, Dimas Gustavo Bonilla, por virtud del cual se giró la orden de aprehensión y decretó la reserva del proceso, nos dan claras señales de que la aspirante carece de los requisitos exigidos por el artículo 113 de la Constitución y por ello, el Tribunal Supremo Electoral, revocó su inscripción presidencial.

En cuanto a la presidenciable de la UNE, pende sobre la mesa del despacho de doña Consuelo Porras, un expediente de investigación, relacionado con la estafa y lavado de dinero del Banco de los Trabajadores, por varios cientos de millones de quetzales, en el cual fue relacionada directamente. De la misma forma, se logró establecer su participación delictiva en el proceso denominado Transurbano, una estafa al peculio del estado por treinta millones de dólares, así como, en el proceso de financiamiento electoral ilícito, por virtud del cual el Ministerio Público solicitó su antejuicio.

Ambos casos se encuentran hoy, en manos de los siete Magistrados que integran la desgastada Corte de Constitucionalidad, la cual, en un mundo ideal, no sería motivo alguno de preocupación para los administrados, sin embargo, tomando en consideración los últimos fallos nefastos e ilegales emitidos por esta Corte, nos llevan a la conclusión que toda la presión ciudadana, individual, colectiva, gremial, de fundaciones, asociaciones o centros para la defensa institucional, debe dirigirse por completo a exigir a estos siete Magistrados, objetividad, legalidad y transparencia, a efecto de impedir la participación política de las dos aspirantes presidenciales. Pues, en caso contrario, es decir que a sabiendas de los impedimentos que adolecen, deciden ceder a la presión nacional o internacional, al soborno, o a la ilegalidad, para ampararlas, serán responsables directos de la comisión de graves crímenes en contra de la institucionalidad y el Estado de Derecho del país, lo cual, facultará a la fuerza pública para capturarlos por flagrancia y ponerlos a disposición de la Corte Suprema de Justicia para tramitar su antejuicio.

Créanme, que el pueblo de Guatemala no permitirá una acción ilegal más de su parte, y menos que utilicen la toga para concretar un fraude electoral.

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