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En apoyo al Juez Víctor Manuel Cruz Rivera

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RAUL FALLA

Kidon

La independencia judicial es una de las garantías constitucionales inherentes a cada uno de los funcionarios judiciales que, en el ejercicio de su cargo, dirimen las controversias que se les presentan, para garantizar la paz social y la certeza jurídica de los actos públicos.

El ejercicio de la función jurisdiccional, es una tarea titánica, si tomamos en consideración la carga laboral y las responsabilidades que el cargo de juez aparejan. Es por ello, que para garantizar un proceso judicial objetivo, imparcial y garantista, en favor de los sujetos procesales, que todos los actos judiciales, están perfectamente regulados en la Constitución Política, así como en otras disposiciones legales, a fin de evitar a toda costa arbitrariedades, favoritismos o actos de corrupción.

Una de esas garantías, es la denuncia como el primer acto del proceso penal, la cual se plantea ante el Ministerio Público, para que este en ejercicio de su cargo, realice una investigación exhaustiva, a efecto de establecer la veracidad de los hechos denunciados, así como al autor de los mismos. Luego de la investigación, la fiscalía acude al Centro Administrativo de Gestión Penal, quien por sorteo asigna el expediente a cualquiera de los doce juzgado de instancia penal que funcionan en la Torre de Tribunales, donde con posterioridad los fiscales asignados solicitan las ordenes de aprehensión, de allanamientos, embargos, secuestros de bienes, así como sobreseimientos o clausuras del proceso, las cuales son estudiadas y resueltas por el juzgador, de acuerdo a la evidencia presentada.

Si tomamos en consideración que ese es el procedimiento general para todos los procesos penales, resulta absurdo desde cualquier punto de vista que, se pretenda cuestionar la actuación del Juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Manual Cruz Rivera, por emitir la orden de aprehensión en contra de la prófuga de la justicia Thelma Esperanza Aldana Hernández, y más aún que se insinúe que existió alguna prebenda para otorgarla, si fue el propio Ministerio Público, quien luego de haber recibido la denuncia y realizado la investigación pertinente, solicitó al juez Víctor Cruz, quien dicho sea de paso, no tenía la más remota idea de la existencia de la denuncia, ni que le sería asignada, decretar las medidas de coerción en contra de la sindicada Aldana Hernández y el decano de la facultad de derecho de la USAC, Dimas Gustavo Bonilla, así como la reserva total del proceso, por existir datos sensibles que, muy seguramente involucran a otras personas en esa trama delictiva.

Como consecuencia del caso, el intrépido juez solicitó, al igual que los jueces Iris Jazmín Barrios, Miguel Ángel Gálvez, Erika Lorena Aífan Dávila y Pablo Xitumul, las medidas de seguridad tendientes a proteger a su persona y núcleo familiar, las cuales de inmediato fueron atendidas por los órganos encargados de preservar la vida e integridad de los funcionarios judiciales, acción que despertó la crítica de grupúsculos desestabilizadores, así como de algunos medios de comunicación carentes de credibilidad.

Lo lamentable de todo es, que la Fiscal General Consuelo Porras, caiga en la treta de manipulación que le tendieron, y que debido a ello, pretenda abrir un expediente de investigación, basado en un periodicazo lleno de chismes, calumnias y difamaciones, que únicamente violentan la independencia judicial y la potestad de los jueces de impartir justicia. Ojalá que al final de la investigación, que esperamos no sea eterna, doña Consuelo también tenga el valor moral y la ética, para hacer público, que la actuación del juez, fue transparente y apegada a derecho, como estoy seguro que ocurrió.

Ante este ataque a la independencia judicial, se hace necesario que la Corte Suprema de Justicia, la Asociación de Jueces y Magistrados, las demás asociaciones de juristas, incluido el CEDECON, así como las organizaciones que defienden la institucionalidad y el estado de derecho del país, procedan a respaldar al honorable Juez Víctor Manuel Cruz Rivera, quien a costa de la crítica y descalificación, ha tenido la gallaría de no amilanarse, pues, en caso contrario, es decir que toleremos este atropello judicial, serán responsables de la debacle del sistema de justicia del país.

“La justicia superará a los fabricantes de mentiras y a los falsos testigos”. Heráclito.

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