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Reto a Sandra Torres

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La candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, mostró de nuevo su tendencia al autoritarismo, como lo dejó ver cuando ejerció impunemente el poder durante la presidencia de Álvaro Colom. Primero, denunciando a los fiscales del Ministerio Público que están investigando sus vínculos con financistas que se sospecha que son narcotraficantes o fondos cuyo origen es corrupto. Y ahora, intentando amordazar al diario elPeriódico para que no publiquen noticias de ella, tanto las periodísticas como las amarillistas, utilizando en ambos casos la Ley de Femicidio.

Es un común denominador en los aspirantes a dictadores con un ego frágil, considerar sus enemigos a quienes los cuestionan, no se pliegan a sus deseos y les recuerdan que en el marco de una República,los que mandamos somos los ciudadanos y los que obedecen son los gobernantes. Ninguno de los procesos mencionados es justificable, y los jueces que la apoyaron deben ser investigados: tanto los integrantes de la Sala Segunda de Apelaciones, Rafael Morales Solares, Franc Armando Martínez Díaz y Fredy López Contreras; como la juez Susan Sabrina Salazar que le otorgó medidas en contra de Juan Francisco Sandoval y Andrei González de la FECI.

Estos casos son una muestra más de cómo se tergiversan las leyes, desnudando la corrupción que también corroe al Organismo Judicial.  Debemos fiscalizar el proceso de selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, para evitar la manipulación de esas elecciones. Más aún, tomando en cuenta el poder que tiene la bancada de la UNE en el actual Congreso.

La molestia que tenga Torres con elpeladero, la sección de chismes anónimos de elPeriódico, no justifica utilizar la ley, cualquiera que esta sea, para violentar la libertad de expresión de nadie. Si acaso considera que la ofendieron y mintieron en lo que a ella respecta, debe recurrir a los Tribunales de Honor (Código Penal, artículo 159 –calumnia–, artículo 161 –injuria- o 164 –difamación) o a los Tribunales de Imprenta, dependiendo al que corresponda la supuesta ofensa, como bien lo aclaró la Corte de Constitucionalidad.

Dice el Artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala que “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

Creo en promover una cultura que favorezca la discusión y que fomente la empatía, el respeto y la benevolencia, todo lo anterior en pro de la búsqueda de la verdad. Y considero que el ataque ad hominen es una forma equivocada y despreciable de expresión. Sin embargo, por el bien de todos, debemos respetar el derecho de quién así se expresa. Ese es el costo que debemos pagar para vivir en libertad. El derecho a la libertad de expresión es la principal defensa que tenemos los ciudadanos contra las dictaduras. Es el respeto irrestricto a la libertad individual lo que permite que circule la verdad. Reto a Sandra Torres a que se atreva a demandarme: a mí y al 50 por ciento de los electores que nunca votaríamos por ella.

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