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Despido justificado de servidores públicos

La Picota

La Ley de Servicio Civil, Decreto 1748 del Congreso de la República fue promulgado en 1968. Desde entonces, se ha intentado reformarlo sin éxito por causa de los intereses políticos que se anteponen a los nacionales y mantienen una ley obsoleta e inoperante, para continuar utilizando las instituciones como botín electoral.

La contratación de personal depende del compadrazgo y los intereses políticos, en muchos casos, sin evaluar la capacidad y experiencia del postulante. La Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, ha sido la principal causante del colapso en que se encuentra la administración pública, al no aplicar correctamente su propio reglamento que, además, es ambiguo y desactualizado. El procedimiento para aplicar sanciones es engorroso y consume gran cantidad de tiempo y esfuerzo del personal de Recursos Humanos. Los resultados de estos procedimientos casi siempre culminan en el rechazo de las peticiones de sanciones y despidos, favoreciendo a los malos empleados en cuyos expedientes se acumulan las actas y amonestaciones por faltas graves.

La principal razón para el mal funcionamiento de la administración pública es una legislación que protege a los empleados ineficientes en detrimento de un servicio efectivo hacia la población. Por el contrario, los servidores públicos que realizan su trabajo de manera eficiente muchas veces son removidos sin causa justificada por no prestarse a las componendas, órdenes ilegales y corruptelas de sus superiores. Inclusive, la Ley de Servicio Civil prohíbe hacer públicas las denuncias por corrupción.

Con frecuencia, los directores reciben respuestas como, “así se ha hecho siempre”, “mejor deje todo como está”, “no se meta en problemas”. Es más fácil que despidan al director o al ministro antes que a ese empleado corrupto que lleva décadas sangrando al Estado. Los malos empleados no son la mayoría, pero unos pocos son capaces de entrampar procesos de compras y contrataciones; son capaces de poner de rodillas a sus superiores, sobre todo cuando se escudan tras un sindicato. Muchos mienten e intrigan en contra de sus compañeros de trabajo para hacer que los despidan con el fin de ocupar esos puestos. Son gente de mala entraña que, por su incapacidad, no tendrían oportunidad de un empleo en el sector privado.

El Congreso de la República, es el ente encargado de promulgar una nueva ley que permita desentrampar la administración pública y remover a los malos servidores públicos. Hasta ahora, la reforma a la Ley de Servicio Civil sigue engavetada. Ojalá que un Congreso renovado tome en serio su función de legislar en favor del guatemalteco responsable y trabajador, para poder avanzar hacia un gobierno eficiente.

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