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La elegida

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Editorial

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No existe duda razonable que justifique por qué Sandra Torres es la única candidata que ha logrado burlar las acusaciones de corrupción. Ni Thelma Aldana ni Consuelo Porras tienen excusa para haber ocultado, desde el 2015, las pruebas que tuvieron en sus manos y que demostraban fehacientemente la culpabilidad de “la elegida”. La explicación es muy sencilla para quienes conocen los entretelones del poder nacional, más no para el ciudadano común.

En 2014, tomaron posesión los 13 magistrados que conforman la actual Corte Suprema de Justicia. Las negociaciones y componendas para esta elección se realizaron durante el gobierno del Partido Patriota, pero con la venia de la bancada de la UNE y del partido LIDER, integrado por disidentes de la UNE y de otros partidos minoritarios. Quienes tuvieron injerencia en este proceso afirman que 8 de los magistrados, es decir la mayoría, fueron propuestos por Sandra y sus diputados.

En pocas semanas dará inicio un nuevo proceso y algunos magistrados pretenden reelegirse con el apoyo de varios partidos políticos que tienen problemas con la justicia, especialmente la UNE que cuenta con una bancada numerosa y determinante. Por esa razón, los magistrados de la CSJ harán lo que esté en sus manos para evitar que Sandra Torres enfrente la justicia y, de esa manera, congraciarse con sus diputados para lograr su reelección.

Casualmente, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral también fueron nombrados por el Congreso en 2014 y entregarán sus cargos en 2020. El pago de favores a la bancada de la UNE ha quedado en evidencia, sobre todo, al haberse filtrado información del proceso por financiamiento electoral ilícito y haberle otorgado inscripción acelerada a Sandra Torres, para procurarle inmunidad. Se sabe de la corrupción en el Tribunal Supremo Electoral durante el actual proceso de elecciones, pero debido al poder absoluto que tienen los magistrados para cancelar partidos, dejar fuera a cualquier candidato y negar inscripciones a sabor y antojo, los afectados prefieren guardar silencio. Tal vez, pasadas las elecciones, se animen a denunciar.

Por otra parte, la Corte de Constitucionalidad está integrada por 5 magistrados titulares, entre ellos, Gloria Porras, nombrada como representante de la presidencia durante el gobierno de la UNE y reelegida en 2016 por el Congreso, bajo presión ejercida por Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez y por el Embajador estadounidense, Todd Robinson. La magistrada Gloria Porras ha sido acusada de favorecer a miembros de la UNE y se menciona que podría intentar reelegirse en 2021 con el fin de evadir la justicia por los múltiples fallos -notoriamente ilegales- que ha promovido. Los diputados de la UNE que resulten electos el 16 de junio, serían la clave para alcanzar ese objetivo como pago por los favores prestados. Si la bancada de la UNE logra suficientes escaños en el Congreso, tendrá el poder suficiente para nombrar futuros magistrados de la CSJ, el TSE y la CC.

Finalmente, el Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, ha tenido una actuación mediocre. Se le acusa de solapar a Sandra Torres, al haber retenido la denuncia en su contra sin motivo y esperar hasta que su inscripción estuviera firme. Basta recordar que, durante las negociaciones para escoger la nómina de postulantes a Fiscal, los diputados de la UNE jugaron un papel protagónico que pone en duda la objetividad de la Fiscal General.

A pocos días de las elecciones, una inmensa mayoría de guatemaltecos no tiene claro por quién votar. En cambio, algunos políticos ya hacen sus quinielas para la segunda vuelta. Es muy probable que le apuesten al caballo ganador con el fin de encontrar espacios para colarse en el próximo gobierno y, ¿quién mejor que Sandra para negociar prebendas o inmunidad para estos funcionarios corruptos?

El panorama está más claro de lo que muchos quieren ver. Seguramente la capital le dirá que no a Sandra Torres, pero en el interior es fácil comprar votos por frijoles. De tal manera que, los astros están alineados perfectamente para allanar el camino de “la elegida”.

Solo hay dos maneras de frenar el desastre: que el TSE revoque la inscripción de Torres mediante la aplicación del artículo 113 de la Constitución Política de la República, o bien, que hagamos conciencia en los electores para que no voten por ella ni por sus diputados. Con una bancada minoritaria en el Congreso, el poder de Torres se verá disminuido y no podrá manipular la futura elección de magistrados de la CSJ, del TSE y la CC. El poder está en su voto, no lo desperdicie.