Home > Columnas > Sandra Torres, la gran beneficiada por la CC

Sandra Torres, la gran beneficiada por la CC

///
Comments are Off
RAUL FALLA

Kidon

La Corte de Constitucionalidad, es un tribunal de jurisdicción privativa cuyo fin supremo es la defensa del orden constitucional, el estado de derecho y la institucionalidad del país, esto con el propósito de garantizar a los habitantes de la República, el bien común.

Como máxima Corte en materia constitucional, le corresponde el conocimiento de los amparos en única instancia, así como los recursos de apelación y la inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Como cualquier tribunal, está obligada a emitir sus fallos en congruencia con los principios constitucionales y legales que garanticen el estado de derecho y la certeza jurídica del país.

Sin embargo, la actual Corte de Constitucionalidad, se ha apartado de los postulados jurídicos que le dieron vida y en cambio, su carente gestión se ha caracterizado por emitir sentencias y resoluciones plagadas de ilegalidades, las que van, desde proteger a extranjeros indeseables, limitar las facultades constitucionales conferidas a los organismos del Estado, restringir la industria, el comercio y la actividad económica y extractiva del país, hasta llegar al punto de concretar un fraude electoral, para imponer por medio de guisachadas, a la señora Sandra Julieta Torres Casanova, como la próxima inquilina de la casa presidencial.

Y es que, en un caso sin precedente legal alguno, esa corte, nos dejó en un estado de indefensión total a todos los guatemaltecos, al suspender de forma definitiva la tramitación del proceso de amparo, con miras a despojarla de su inmunidad, por las graves sindicaciones que pesan en su contra, relacionadas con los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.

El problema del fraude electoral que se gesta, no solamente es responsabilidad del Tribunal Constitucional, que retorciendo la ley, le da vida a esa candidatura presidencial, sino que también es responsabilidad del Ministerio Público, quien al día de hoy no ha fijado su postura procesal con relación la resolución emitida por aquella corte, así como tampoco ha presentado los medios de impugnación atinados para dejarla sin efecto, o las acciones de antejuicio en contra de estos cuatro picaros, para despojarlos de su inmunidad y encarcelarlos de por vida, por atentar en contra del sistema jurídico del país.

Al parecer a doña Consuelo, tampoco le desagrada la idea de que seamos gobernados por una tirana, sobre quien pesan graves acusaciones que van, desde su militancia en organizaciones terroristas, las relacionadas con financiamiento electoral no reportado, la utilización de fondos del Estado para sus programas sociales, el caso Transurbano, así como la temible estafa y lavado de dinero que se llevó a cabo en el BANTRAB.

Por ello, la protesta social debe enfocarse en exigir a la Fiscal General del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, que cumpla con su trabajo y nos garantice un proceso electoral transparente y hondamente democrático, donde impere la voluntad legítima del pueblo y no la de los cuatro corruptos de la Corte de Constitucionalidad.

TEXTO PARA COLUMNISTA

Lea más del autor: http://elsiglo.com.gt/2019/05/19/ministerio-de-energia-y-minas-un-grave-caso-de-corrupcion/