Columnas

Política de empleo (parte 2)

Teorema

En documento anterior (https://elsiglo.com.gt/2019/04/24/politica-de-empleo/) expuse de manera resumida, una política pública capaz de resolver el problema del empleo en el sector de menores ingresos y menor nivel educativo del país. En este, estoy proponiendo el complemento de la anterior dirigida hacia un sector de mayores ingresos y un nivel académico alto. En términos de las “pymes”, el primero se refería a la pequeña empresa y este a emprendimientos de tamaño mediano.

Algunos hechos, quizá por conocidos, no requieren demostración. Creo que los siguientes forman parte de ese conocimiento popular:

Cada vez que arriba un nuevo gobierno, crea plazas de trabajo para quienes colaboraron en su campaña proselitista y antes. Los nuevos puestos de trabajo no responden a necesidades del Estado.

La retribución al nuevo trabajador es superior a la que este tenía antes (de lo contrario no la tomaría). Aunque pronto aseguren lo contrario, ellos no hacen ningún sacrificio económico. En realidad están recibiendo un premio por el “trabajo político” ya realizado.

Los nuevos funcionarios llegan con “su gente”. Consiguen plazas de trabajo en el Estado para sus amistades, sus parientes y otras personas. Entre más alto sea el nivel jerárquico del funcionario, mayor el número de nuevas plazas deben crearse. Los diputados crean plazas en el Ejecutivo y el Judicial. Los jueces y magistrados lo hacen en el Ejecutivo y en las municipalidades, y así…

Con el tiempo, el número de trabajadores del Estado (los tres organismos y sus múltiples dependencias, así como los gobiernos municipales) ha crecido enormemente. Tanto y tan desordenadamente, que nadie sabe cuántos son, ni se molesta en averiguarlo.

El pago de los sueldos y salarios para estas personas toma la mayor parte del Presupuesto de Gastos de la Nación. Algunas veces —actuando contra la ley— los gobiernos han endeudado al país con préstamos para remunerar a sus trabajadores.

Las asignaciones constitucionales a la USAC, al deporte y a las municipalidades más el pago de la deuda y muy especialmente los sueldos y salarios solo dejaron 2% del presupuesto para “Inversión Real Directa” en 2016.

Los sindicatos de trabajadores del Estado se han fortalecido con mayor número de afiliados. Exigen aumentos salariales, prestaciones especiales y condiciones de trabajo que significan mayores recursos. Las finanzas del Estado se han complicado profundamente. Las huelgas, paros y manifestaciones obstaculizan la actividad productiva y debilitan al gobierno.

El presupuesto proyectado para 2019 contempla una tributación muy optimista de Q. 65.2 millardos. De ellos. Q. 30.5 millardos se destinarán al pago de sueldos y prestaciones en el Ejecutivo. Otros Q. 14.4 millardos a la USAC, los otros organismos del Estado y las municipalidades. El pago de deudas y sus intereses se “comen” el saldo.

El gasto total del Estado en sueldos, salarios y sus prestaciones se estima próximo a 60% del ingreso tributario. Los impuestos representan la suma que los pobladores destinan a mantener el gobierno. Los ciudadanos no ven una contrapartida que corresponda con lo que pagan.

Ciertamente, muchas plazas son necesarias y los funcionarios que las ocupan son personas dignas de admiración y elogio. Los médicos y enfermeras, los policías y soldados, así como algunos maestros y jueces, desarrollan una labor encomiable.

Por otra parte, el estado invierte en la capacitación de su personal cerca 1.5% de su presupuesto de funcionamiento. Los funcionarios toman cursos de especialización, asisten a congresos, foros, simposios, conferencias… tanto en el país como en el extranjero. Son personas que han viajado por el mundo y conocen la organización social de otros países. Eso los hace más valiosos como personas cultas que son.

El Estado ocupa cerca de la quinta parte de la fuerza laboral del país y emplea a las personas académicamente mejor preparadas. La proporción de trabajadores con grado universitario, es más alta en el estado que en empresas privadas. Si estas personas trabajaran en el sector privado, la producción de bienes y servicios sería más alta, mucho mayor.

La proporción de personas analfabetas que trabaja para el Estado es reducida. La inmensa mayoría contribuye  decisivamente, con su trabajo en actividades privadas, a producir todo lo que consumimos.

Quizá sea la plena conciencia de lo anterior, entre otras razones, la causa de que la mayoría de funcionarios públicos, carezca del sentido de logro que sí poseen los trabajadores privados o los profesionales independientes. Además, debe contribuir que la condición de subordinación, contraria al carácter nacional que subyace en una gran parte de guatemaltecos, termine en resentimiento.

Pero la mayor dificultad existencial para muchos empleados públicos profesionales podría estar en los extensos y minuciosos estudios, informes y monografías que sobre diferentes temas ellos desarrollan. Sin importar el esfuerzo invertido ni los magníficos resultados que pudieran obtener, tales documentos a los sumo son leídos por cinco personas más y después archivados o encajonados para siempre.

Resumo: las finanzas públicas sufren al destinar su mayor parte a remunerar a los trabajadores del Estado. Lo que queda para invertir en infraestructura pública es reducido. Por otra parte, muchos funcionarios públicos se muestran desmotivados ya que el resultado de su trabajo es improductivo. ¿Cómo resolver esta situación de pierde-pierde y convertirla en una de gana-gana?

Política de renuncia voluntaria. La propuesta consiste en integrar todas las remuneraciones que recibe el trabajador en un año. Derogar la disposición que limita la indemnización a solo diez años y las causas para pagarla. En sustitución, autorizar que, dentro de un plazo limitado (unos tres meses, por ejemplo) se pueda indemnizar a los trabajadores que deseen renunciar. Esta debería ser una cifra pagada totalmente y de inmediato.

Política de empleo y desarrollo económico nacional. En 1990 Karin Jo y Karin Boburg realizaron un trabajo de tesis de graduación en el que investigaron lo que los trabajadores harían con el dinero de las indemnizaciones. Estos son algunos de los resultados que ellas obtuvieron:

¿En qué clase de actividad abriría usted un negocio propio?

Servicios profesionales 16.79% Comercio 40.46%
Pequeña industria 14.50% Docencia 6.11%
Gran industria 4.58% Transporte 2.29%
Alimentación 3.05% Turismo 1.53%
Agricultura 2.29% Hospedaje 0.76%
Salud 0.76%

¿Cuánto dinero estima usted que necesitaría para iniciar un negocio propio?

Menos de 5 mil 18.60% De Q. 10 mil  a Q. 20 mil 22.50%
Más de Q. 20 mil 23.30% De Q. 5 mil a Q. 10 mil 24.80%

(Quetzales con el poder adquisitivo de 1990. Multiplicar por tres para un estimador aproximado en 2019)

Al iniciar un negocio propio, ¿cree usted que tendría necesidad de contratar a otras personas?

Si 70.23%
No 29.77%

¿A Cuántas personas contrataría?

De 1 a 2 personas 24.43%
De 3 a 4 personas 25.19%
5 o más de 5 personas 20.61%

¿Si usted no contara con el dinero suficiente para iniciar un negocio propio, ¿recurriría a un préstamo bancario (50.38%), a un pariente (12.98%), buscaría socios para reunir el capital necesario (79.85%) o hipotecaria una propiedad 15.34%)?

El documento se titula: Impacto Económico de Reducir el tamaño del Estado, Karin Jo y Karin Boburg, UFM 1990 En la biblioteca de esa Universidad hay una copia completa.

Conclusión: La creación de nuevas empresas (generadoras de trabajo productivo), se beneficiarían y les favorecería un pleno Estado de Derecho. Pero, y esto es de la mayor importancia, no precisan de él. Tanto las pequeñas como las medianas empresas así creadas pueden funcionar aún bajo el desastroso sistema jurídico nacional. El retiro voluntario de trabajadores el Estado, también resuelve sus dificultades financieras tan solo un año después de su implementación.

TEXTO PARA COLUMNISTA

Lea más del autor: https://elsiglo.com.gt/2019/05/20/los-joyeros/

José Fernando García Molina

Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista.Tiene una licenciatura en ingeniería eléctrica de la Universidad de San Carlos, una licenciatura en ingeniería industrial de la Universidad Rafael Landívar –URL–, una maestría en economía en la Universidad Francisco Marroquín –UFM–-, estudios de especialización en ingeniería pentaconta en la ITTLS de España.

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