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Incertidumbre III

Guatemala Al Rescate

A 48 horas de llevarse a cabo el evento electoral, la FECI-MP y la CICIG, deciden ejecutar una serie de órdenes de captura en contra del Secretario General de la Municipalidad, Lic. Héctor Cifuentes y en contra del Concejal Segundo, Dr. Pedro Villanueva e iniciar antejuicios en contra del Alcalde de la Ciudad Capital,  Ricardo Quiñonez y en contra del Ministro de Finanzas, Víctor Martínez; este hecho es sospechoso, dudoso, oscuro, mal intencionado, pareciera que forma parte de una agenda política con vínculos en el extranjero y operada desde allí, porque según lo que plantea la FECI este caso está relacionado con el caso Pandora, el cual se venía investigando desde hace algún tiempo y se habían tomado las decisiones para ejecutar las órdenes de captura e iniciar los antejuicios, al hacerlo a 48 horas de las elecciones ¿A quién quieren favorecer y por qué? Pregunta que seguro quedará sin respuesta.

Es muy sospechosa la ausencia del Fiscal de delitos electorales Oscar Schaad, del Fiscal del la FECI, Juan Francisco Sandoval y la licencia otorgada al Director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, Leopoldo Guerra, estas ausencias dejan muchas dudas en el manejo del caso en contra de la municipalidad y sus funcionarios, pareciera que todos sabían de la ejecución de estas órdenes de captura y antejuicios y quisieron evadir su responsabilidad, pero igualmente lo son.

Yo estoy convencido que este tipo de actuaciones, por parte de FECI-MP y CICIG en contubernio con algunos miembros de la cooperación internacional, están provocando una deslegitimación del proceso electoral, buscando un descontento generalizado en la población que obligue a buscar una salida negociada a una crisis institucional creada y manipulada, que sin lugar a duda afectaría de una manera descomunal tanto en lo económico, en lo social y en lo político.

Yo no estoy en contra de una investigación que se lleve a cabo por parte del MP enmarcada dentro de la ley y buscando prueba técnica y científica, pero me parece inadecuado que a 48 horas del evento electoral se tome este tipo de decisiones cuando efectivamente se sabe que se va a afectar el proceso electoral y la democracia, esto lo único que demuestra es la intencionalidad de afectar el evento electoral y  más que un caso puramente judicial, se trató de una maniobra política.

Al final con este tipo de actuaciones queda demostrada la judicialización de la política, la utilización de la justicia con fines perversos para afectar el evento electoral, dañar la democracia y pretender imponer agendas políticas sin someterse a un evento electoral, o sin ser ganadores de este.

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