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Crónica de un fraude electoral

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RAUL FALLA

Kidon

Todo empezó con la insistencia del non grato y la prófuga de la justicia, de modificar la Constitución Política de la República, y así someter el control del poder judicial a los designios de sus testaferros, para desde allí, encarcelar y expropiar a cualquier opositor político e ideológico que les resultara incomodo a sus intereses, pero el pueblo se los impidió.

Luego, de forma ilegítima se reformó la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con el único propósito de favorecer a las candidatas afines a su ideología socialista, fácilmente manejables debido al alto nivel de corrupción y cuya exposición mediática se hubiera lanzado previamente desde la propia fiscalía general o desde algún programa social.

Con posterioridad, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral nos sorprendieron al suscribir una carta de entendimiento con la CICIG, hecho ante el cual el pueblo manifestó su inconformidad, por lo que el non grato y los corruptos Magistrados no tuvieron más que salir huyendo en precipitada fuga y por la puerta de atrás.

El plan continuó, al adelantar el proceso electoral para que este coincidiera con el tiempo de permanencia de la CICIG en el país, y de esta forma facilitar el ansiado fraude electoral. Seguidamente, se emitió la ley mordaza, aquella por virtud de la cual ninguna persona podía criticar las acciones del Tribunal Supremo Electoral, la cual a los pocos días también conseguimos derogar, ante la crítica social que se generó.

El amaño se hacia cada día más latente, pues como recordaran el leguleyo Leopoldo Guerra, inscribió de forma ilegítima a la prófuga de la justicia Thelma Esperanza Aldana Hernández, a pesar de tener una orden de captura girada por diversos actos de corrupción y de carecer del finiquito correspondiente para poder participar, lo cual también impedimos, al haber denunciado pública y jurídicamente a este obscuro personaje.

Nos asombró la absurda resolución por la cual, se rechazó la candidatura de la licenciada Zury Ríos Sosa, así como la negativa de inscripción del PLG, y más aún, la participación complaciente de candidatos tránsfugas, con orden de captura, de algunos fallecidos, y de otros con graves señalamientos de corrupción, narcotráfico, violencia contra la mujer, etc.

Luego, los Magistrados intentaron limitar a los delegados electorales el uso del teléfono celular para evitar así, la trasmisión de cualquier ilegalidad, donde nuevamente tuvieron que retroceder ante el repudió social que se despertó.

Pocas horas antes de iniciar el sufragio, nos sorprendimos con la noticia que informaba la salida abrupta y maliciosa del Director General del Registro de Ciudadanos del TSE, Leopoldo Guerra Juárez, por una supuesta enfermedad, así como la del Jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, Oscar Shaad Pérez, lo cual nos vino a confirmar el amaño electoral que se avecinaba.

Llegado el día de las elecciones, diversos medios de comunicación como las redes sociales, denunciaban papeletas marcadas por aquí, cajas sobre las sedes electorales departamentales por allá, quema de urnas, renuncia de delegados electorales, y principalmente la manipulación de los datos informáticos, debido a la adquisición por parte del TSE, de un sistema de cómputo a una empresa con serios señalamientos de fraude en Uganda, Venezuela y otros países donde se acreditó un engaño electoral. Hasta llegar al punto, de haber sido electo un alcalde municipal que ni siquiera estaba inscrito para el evento electoral.

Para variar los socios del non grato, desde su guarida en la OEA validaban el evento electoral, escondiendo como de costumbre las continuas denuncias de fraude, incluso de los propios delegados electorales, que narraban sobornos, acarreos, disparos de arma de fuego, coacciones, amenazas y una clara intención por favorecer a un partido político en especial.

La situación se agravó, al haber ordenado colocar el conteo de votos en cero, así como por la renuencia en cargar los datos físicos a la página electrónica del TSE, para que fueran cotejados y verificados por nosotros los soberanos.

Ante ello, los guatemaltecos no entendemos el motivo por cual ni la Fiscal General de la República María Consuelo Porras, ni el Procurador General de la Nación Jorge Luis Donado Vivar, no han realizado tan solo una gestión encaminada a investigar las denuncias de fraude electoral realizadas, pues, bastaría tan solo con que el Ministerio Público secuestrara el equipo de cómputo y la documentación electoral pertinente, para luego practicarles una auditoría forense con miras a establecer la veracidad de los hechos denunciados, y la posterior presentación del antejuicio en contra de los pícaros que por desgracia ostentan el cargo de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Ante la complicidad de los entes encargados de garantizar la certeza jurídica del proceso electoral, no queda otro camino más que, activar el derecho de resistencia legítima, consagrado en el artículo 45 de la Constitución, para exigir públicamente que se respete el principio de que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio a través del voto legítimo. #CárcelParaLosMagistradosDelTse

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