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El problema de la justicia

Evolución

El principal problema de la justicia en Guatemala es la supeditación de las dependencias encargadas de la administración de justicia a intereses políticos, particularmente el Organismo Judicial y el Ministerio Público. El experimento CICIG en Guatemala dejó algunas lecciones. La primera es que si se cuenta con un Ministerio Público que actúa autónoma e independientemente del poder político se puede realmente promover la persecución de quienes operan en las estructuras de corrupción profundas y enraizadas en el estado y los agentes privados que las alimentan. Tuvo que venir una organización extranjera que no dependiera de los políticos de turno, como es habitual en nuestro sistema, para que muchos aprendieran lo que pocos hemos venido diciendo por bastante tiempo: se deben reformar las instituciones de justicia, y particularmente los procesos de designación de sus principales funcionarios, a modo de darles la verdadera y necesaria autonomía e independencia de los intereses políticos de siempre, para que puedan desempeñar sus funciones debidamente. La segunda lección, a pesar que no será reconocida por muchos, es igualmente importante. La CICIG demostró, al igual que lo han hecho diversas administraciones del Ministerio Público recientemente, que en esa independencia tan importante y necesaria, la función de la persecución penal también puede descarrilarse y terminar sirviendo a sus propios intereses ideológicos, políticos o a ambiciones personalistas. Lo cual, sin el debido contrapeso del control jurisdiccional prudente e imparcial, puede decaer en selectividad, abusos e injusticias, como también quedó ampliamente evidenciado con el experimento CICIG.

La solución pasa por encontrar el balance adecuado. Por un lado se debe procurar la independencia y autonomía de las instituciones de justicia, en contraposición a que operen subordinadas a intereses políticos, ideológicos, sectoriales, o sea cuales fuere. Y, por consiguiente, dada la independencia de dichas instituciones, se debe configurar un sistema de contrapesos adecuados a manera que también se respete el debido proceso y se eviten los abusos de poder de parte de cualquiera de dichas instituciones. En el caso particular de la justicia penal, el control jurisdiccional objetivo e imparcial debe ser el principal garante de que se lleve a cabo una persecución penal objetiva y eficaz en la que se respete siempre el debido proceso y el derecho de defensa de cualquier acusado, como es propio del sistema acusatorio que hace 25 años adoptamos. A modo de ejemplo, en este desbalance creado por el experimento CICIG, el nivel de intimidación, intimación e imposición de parte de esta organización y sus funcionarios sobre los jueces fue superlativo y ello condujo a la comisión de muchas injusticias tales como el abuso de la prisión preventiva y violaciones a la presunción de inocencia, en algunos casos con base en declaraciones de testigos cuestionables o testimonios falsos. Tampoco se puede obviar la auténtica impunidad que la Comisión Contra la Impunidad y el Ministerio Público promovieron al no perseguir con la misma inquina a actores políticamente afines o convenientes, pero igualmente corruptos. Desde luego que la acostumbrada desconfianza en el organismo judicial, altamente politizado, contribuyó a reducir la percepción de estas circunstancias.

La CICIG se irá, y lo hará con sus efectos positivos y negativos. Así, en poco habremos vuelto al mismo punto en el que nos encontrábamos hace 12 años. Por eso siempre dije que ese experimento no era la solución definitiva. Y por eso, como siempre he sostenido, a menos que hagamos las reformas constitucionales necesarias, el sistema seguirá con su intrínseco rumbo degenerativo y autodestructivo, el cual, para algunos, fue interrumpido estos años. He escrito ampliamente planteando propuestas concretas para reformar el sistema de justicia en Guatemala, particularmente sobre cuáles deberían ser los elementos claves a considerar para reformar los procesos de designación de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad  y Ministerio Público. Empecemos por ello; con base en los principios rectores de independencia y contrapesos en los cuales me he enfocado hoy.

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Alejandro Baldizón

Abogado y Notario, catedrático universitario y analista en las áreas de economía, política y derecho.

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