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Reinoso va a juicio por enriquecimiento

El juez segundo de Primera Instancia Penal, Darwin Porras, resolvió ayer enviar a juicio a la jueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo por los delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, según la imputación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La defensa solicitó que la Cicig fuera separada del caso, pero Porras declaró sin lugar la petición.

ACUSACIÓN

El Ministerio Público ratificó el memorial presentado el 19 de febrero de 2016, en el que solicitó el envío a debate oral y público a la jueza Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, suspendida por incremento injustificado de sus ingresos.

Según el MP, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2014, Reinoso Trujillo tuvo un incremento que no corresponde al salario que percibió en el Organismo Judicial ni a sus honorarios como docente en las universidades Mariano Gálvez y Rural.

“Ese incremento le permitió pagar parte de sus obligaciones, lo que no habría podido realizar con el ingreso generado por sus actividades lícitas conocidas”, señaló la fiscal Siomara Sosa.

La sindicada cuenta con incremento patrimonial de Q1.486,637, el cual se estableció con los créditos de origen desconocido por Q765,121, de los cuales Q670,377 ingresaron mediante depósitos en efectivo a sus cuentas monetarias. Otros Q94,743 le fueron depositados mediante cheques de origen desconocido, lo cual hizo un total de Q2.3 millones.

Reinoso Trujillo, además, efectuó abonos en efectivo al inmueble que adquirió en el condominio Lazos de Fraijanes, en el lote 90 y 92 en Fraijanes, Guatemala, adquirió dos vehículos y pagó deudas por Q 718,515.

Siomara Sosa

Fiscal del Ministerio Público

“Pagó  sus obligaciones, lo que no habría podido hacer con ingresos lícitos conocidos”.

Otros Casos

Juezas en la mira

Por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato, el Juzgado Undécimo de Instancia Penal ligó a proceso a la jueza Marta Sierra de Stalling. La profesional del Derecho es señalada de haber beneficiado a integrantes de la red La Línea.

La jueza Patricia Flores fue retirada del Juzgado de Mayor Riesgo A. En abril de 2015 la Cicig y el MP solicitaron retirarle la inmunidad por los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos.

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