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El Cacif y la criminalización (Parte I)

Sofia Espinosa Orantes

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“No queremos que se criminalice una actividad que ha sido legítima”. Esas fueron las palabras de Javier Zepeda, director de la Cámara de Industria cuando se le preguntó sobre la filtración de millones de documentos de la firma de abogados Mossak Fonseca en Panamá, que revelaron la forma en la que los paraísos fiscales han favorecido globalmente  la corrupción, con la creación de cuentas offshore.

Para tener una idea sobre el impacto que tienen estas actividades, en 2010 la empresa petrolera Heritage Oil and Gas Ltd evadió $400 millones en impuestos en Uganda cuando Mossak Fonseca cambió la dirección corporativa a un paraíso fiscal.

En efecto, crear una offshore es legal y hay razones legítimas para hacerlo. Por eso, la declaración de Javier Zepeda debería llamar la atención sobre esa práctica tan común que se lleva a cabo en Guatemala, la criminalización de actividades legítimas.

Debería llamar la atención sobre, por ejemplo, La Puya. La resistencia pacífica de La Puya se opone a la mina El Tambor ubicada entre San José El Golfo y San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala. Aquí nomás, dirán algunos.

Una mina tiene efectos medio ambientales como cualquier proyecto (cosa que igual nos negamos a ver y tratar, pero ese es otro tema). Sin embargo, el impacto que puede tener sobre el agua podría ser dañino para la salud del consumidor (según el decreto… no, ese todavía no existe).

Si a pesar de la advertencia nos emborrachamos cada fin de semana, es de esperarse que no nos importen los efectos en el agua de una mina. A los pobladores de esos municipios sí les importó, tanto que hicieron una consulta comunitaria y la oposición a la minera ganó. Aquí es cuando vemos cómo el Estado de Derecho aplica para unos y no para otros. O como diría Orwell, “unos son más iguales que otros”.

El Convenio 169 de la OIT ratificado por Guatemala dice, entre otras cosas, que el Estado debe respetar las visiones y valores de las comunidades indígenas (incluyendo su visión de desarrollo) y Estas deben ser consultadas antes de desarrollar proyectos que las afecte directamente en su territorio. Ahora, tal vez le moleste la injerencia extranjera y defiende la soberanía nacional.

Pues a nivel nacional, durante el período 2012-2016, se creó una Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales que explica en una página completa cómo debe ser consultada la población. “Las partes involucradas deben buscar establecer un diálogo que les permita encontrar soluciones adecuadas, en un ambiente de respeto y participación”. Así como durante las elecciones deberíamos elegir a las personas idóneas, pero la realidad cuenta otra historia.

O en términos más aburridos: hay una diferencia entre el deber ser y el ser, analicemos un poco la realidad del caso.  Primero,  en Guatemala las consultas no son vinculantes (A pesar de todo lo que indica que deberían de serlo). Segundo, en el mismo documento, en su introducción, dice: “Las indudables garantías que el Estado guatemalteco debe darle a los inversionistas están relacionadas con la capacidad que tengamos de que el pueblo en general y particularmente, las poblaciones aledañas a los lugares donde esa inversión se realiza acepten y valoren estas iniciativas empresariales”

Una mina tiene efectos medioambientales, como cualquier proyecto (lo que nos negamos a ver y tratar, pero ese es otro tema)

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