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Ponen en evidencia las deficiencias de la minería

Fuertes críticas a la actividad minera por la debilidad de la legislación guatemalteca, escasos ingresos para el país y omisiones importantes en la elaboración de estudios de impacto ambiental (EIA) fueron resaltadas por analistas y expertos en el seminario ¿Industrias extractivas y desarrollo sostenible?’En la actividad se presentó el análisis Implicaciones fiscales del cierre de minas en Guatemala, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización danesa de desarrollo IBIS con financiamiento de la Unión Europea.

Lourdes Molina, economista salvadoreña del Icefi, señaló que “en Guatemala los cierres técnicos de las minas no cumplen con los estándares internacionales debido a que hay un marco legal débil”.

Ejemplificó que en el caso de que una empresa minera quiebre o no concluya con el cierre técnico, la única obligación que tiene la compañía es informar al Ministerio de Energía y Minas (MEM) sobre las condiciones en que queda la mina.

Manifestó que muchas veces el tema del cierre técnico es abordado en unas dos páginas en los EIA, la fianza por incumplimiento es baja y si la empresa decide no efectuarlo el Estado no tiene las herramientas legales para exigir el cumplimiento de esta obligación.

Se consultó a la cartera energética respecto a varios aspectos puntuales de las críticas, pero se limitaron a indicar que “el Ministerio de Energía y Minas está analizando la modernización de la Ley General de Minería como una necesidad de país”.

Molina explicó que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) cuenta con ocho personas para efectuar la vigilancia ambiental en todo el país para todos los sectores, por lo que ni siquiera están asignados únicamente a la actividad extractiva.

El director ejecutivo de la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), Alfredo Gálvez, resaltó que sí hay una legislación, tanto la Ley de Minería como la de ambiente y las actividades de cierre están reguladas.  Agregó que “la única que está en este proceso es la mina Marlin, de la empresa Montana,   que está en San Marcos”.

Adicionalmente, señaló la economista, que no hay información oficial que estime el costo del cierre de una mina. El Icefi estimó que el cierre de la mina Marlin puede tener un coste de Q24.6 millones por kilómetro cuadrado.

El geólogo norteamericano Robert Robinson mencionó que Marlin estimó inicialmente el cierre en $1 millón y luego lo reestimó en $28 millones, pero sus cálculos lo sitúan en $49 millones.

Robinson explicó que la compañía no incluyó los costos con riesgos a mediano plazo, como la erosión del material de relleno a cielo abierto, el fallo de la cubierta y el revestimiento de relaves del vertedero, así como la descarga de agua ácida y tóxica de cielo abierto y subterránea.

ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS

El geólogo revisó los EIA de Marlin (San Marcos), Escobal (Santa Rosa), Cerro Blanco (Jutiapa) y Progreso VII Derivada (San José del Golfo, conocida como La Puya) y criticó que los cuatro tienen grandes deficiencias, pero sobre la última afirmó que “es la peor que he visto”.

Sobre el EIA de Marlin, señaló que no contiene investigación de las aguas subterráneas, sin continencia para los efluentes tóxicos de la mina, roca estéril y las escombreras, no hay monitoreo de la línea de base de las condiciones de las construcciones del área circundante y el plan de recuperación es trivial aunque la compañía presentó un documento pero solo de una parte del sitio. Ejecutivos de Marlin que escucharon esta explicación evitaron opinar al respecto.

Robinson, sobre el EIA del Escobal, expresó que hay una investigación mínima del drenaje de ácido tóxico, un diseño inadecuado de los vertederos de desecho, un inapropiado análisis hidrológico, un diseño incompleto de los estanques de efluentes, los mapas, así como los planos de ingeniería son ilegibles y tampoco hay un plan de recuperación ni garantía financiera.

El experto, acerca del EIA de Cerro Blanco, recordó la oposición de El Salvador, presenta niveles muy altos de arsénico, el túnel fue elaborado antes que el estudio de impacto ambiental, se fugará agua tóxica indefinidamente y faltan análisis geológicos, geoquímicos, ingeniería y de hidrología.

Al analizar el estudio de Progreso VII Derivada, resaltó varios riesgos altos, como la presencia de arsénico y otros metales tóxicos en el yacimiento, las aguas superficiales y en las subterráneas.

El EIA de este proyecto minero tiene una línea de base mínima para muchos componentes ambientales, los impactos hidrológicos no fueron pronosticados con información específica en el sitio, no hay un plan para el control verificable, los relaves del vertedero tienen alto riesgo de fallar, todos los planes y bosquejos de ingeniería son ilegibles y no hay un plan de recuperación ni fianza.

Gálvez afirmó desconocer los estudios de Robinson y los parámetros que utilizó en su análisis, “pero por lo menos las empresas grandes que operan en Guatemala tienen EIA bastante amplios, e incluso, son ejemplo para otras industrias”.

Añadió: “No creo que este supuesto experto conozca el país a fondo”, y recordó que “muchas de estas empresas tenían préstamos de organizaciones como el Banco Mundial, que tiene un estándar ambiental grande, y si ellos han obtenido esos préstamos es porque los estudios ambientales sí cumplen, al menos, con el parámetro del Banco”.

Gálvez trajo a colación que se está trabajando en reglamentar el Convenio 169 de los pueblos indígenas, en el cual se regularán las consultas, ya que hay divergencia en cuanto a la forma de normarlo. Explicó que las ONG y las comunidades indígenas quieren manejar el concepto de una votación con un sí o un no, y con base en ello ha habido más de 80 consultas en donde la mayoría ha ganado el no, pero el espíritu del convenio implica un proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades.

LAS RECOMENDACIONES

Molina concluyó que entre 2023 y 2038 el cierre de cada proyecto minero podría costar al Estado entre 0.02% y 0.21% del PIB, pero estas cifras son superiores a lo que los aportes tributarios directos (impuestos y regalías) totales han representado entre 2009 y 2015.

Según datos del MEM, existen 51 empresas de exploración y 292 de explotación de minerales metálicos, no metálicos y de construcción.

Agregó que si el cierre de las minas no se realiza de manera adecuada, el Estado se podría enfrentar en el futuro a la aparición de pasivos ambientales mineros, es decir, impactos negativos en el ambiente natural, la salud y la seguridad humana, derivados de elementos tóxicos de minas abandonadas o cerradas de forma inadecuada.

A ello se añade la falta de consenso sobre si las actividades mineras son parte del proceso de desarrollo del país, los niveles de conflictividad social, poca transparencia del sector, así como beneficios fiscales y económicos para la nación y las comunidades donde se localizan.

Ante este panorama, recomendó que “es urgente la suspensión en el otorgamiento de cualquier tipo de licencia minera e iniciar un proceso de consulta, diálogo y consenso nacional en el que, con base en información objetiva, se discuta si las industrias extractivas deben formar parte o no del modelo de desarrollo del país”.

El director ejecutivo de la Gremial de Industrias Extractivas está en contra de la suspensión de licencias, y argumentó que “hay una fianza ambiental que se presenta ante el MARN que puede ser efectiva en cualquier momento, especialmente si no hacen operaciones de cierre técnico”.

Las implicaciones

Aspectos fiscales

Lourdes Molina cuestionó los beneficios económicos y fiscales de la actividad minera en el país y resaltó que la minería representó (con datos de 2012) en ingresos tributarios (impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y regalías) el 0.09% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que por extracción de petróleo, se generó un 3.1% del PIB. Y aunque el pago de tributos es más pequeño, se compensa con los aportes no tributarios (hidrocarburos compartibles).

Añadió que en 2015, por cada Q100 producidos en Guatemala solo Q1.73 provinieron de la minería y el petróleo, en tanto que el comercio aportó Q20.90, la industria manufacturera Q18.50, los servicios privados Q13.09, la agricultura Q10.86, el transporte, Q7.65, el Gobierno Q7.56, el alquiler de vivienda Q7.36 y los demás sectores, Q7.53.

Otros perjuicios

Cambios sociales

Maia Campbell, coordinadora de la unidad de Observación en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, resaltó que  para no reñir con la Cosmovisión Maya, lo importante es que haya un proceso de consulta con los pueblos indígenas y dentro de ello es necesario tomar medidas para mitigar los desequilibrios de poder. Eso implica que los pueblos indígenas puedan acceder a expertos, asesores, así como información del proyecto como beneficios y riesgos para tomar una buena decisión.

“Cualquier actividad extractiva tiene impactos en las comunidades sobre sus tierras y territorios, posiblemente en su salud, acceso a sus sitios sagrados que afecta su cultura, lo cual debe tomarse en cuenta al formular los proyectos”, manifestó. Y resaltó que para ello “es importante la autodeterminación de los pueblos”.

Comentó que “hay algunos pueblos en el mundo que han decidido que quieren desarrollar proyectos propios de extracción (petroleros y de minería)”.

Caso chileno

El convenio de la discordia

El embajador de Chile en el país, Domingo Namuncura, lamentó que el Estado de Guatemala carezca de medidas y voluntad política para conciliar los conflictos entre las empresas mineras y las comunidades indígenas.

“Me sorprendió que el Gobierno no tenga un reglamento con las comunidades indígenas, teniendo varias empresas mineras y conflictividad entre ellos. Aunque sé que hay ciertas dificultades en la concesión de aplicar o no el reglamento, además de que se carece de conocimiento de cómo aplicarlo”, agregó.

El diplomático recordó que en Chile se tardaron 18 años para aprobar el Convenio 169, por razones políticas, debido a la discriminación, invisibilidad y marginación hacia los pueblos indígenas.

“Nuestras sociedades y Estados han tardado muchos años en entender que el pueblo indígena es sujeto de derechos y que no es un sector marginal, por mucho que haya sido excluido. En Chile se aprobó hasta en 2008 y al año siguiente se tenía el Reglamento Nacional de Consulta Indígena, el cual fue aprobado debido a la conflictividad entre los pueblos indígenas y las empresas, que terminó con 14 muertos en las zonas de conflicto”, explicó Namuncura.

“Indudablemente, la decisión política de un Gobierno determina esos procesos”, concluyó.

Lourdes Molina

Economista del Icefi

“En Guatemala los cierres técnicos de las minas no cumplen con los estándares internacionales”.

Alfredo Gálvez

director de gremiext

“Por lo menos las empresas grandes que operan en Guatemala tienen EIA bastante amplios”.

$49 millones estimó Robert Robinson el costo del cierre de Marlin

0.09 por ciento fue el aporte tributario en 2012 de la actividad minera