Hoy proponen cambios a la Ley Orgánica de la SAT

La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) será entregada este día por el presidente de la Comisión de Finanzas, Jairo Flores, a la Dirección Técnica Legislativa, para que posteriormente retorne a dicha sala a fin de iniciar un proceso de diálogo con diferentes sectores.

En la propuesta se sugerirá que continúe funcionando el Directorio, pero integrado por los ministros de Finanzas Públicas (Minfin) y de Economía, así como por el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), quedando como secretario el superintendente, con voz pero sin voto. Entre las nuevas atribuciones del Directorio estaría nombrar, evaluar y remover al superintendente, a los miembros del Tribunal Tributario Aduanero (que se estaría creando), la aprobación de reglamentos, el plan anual de recaudación, la modificación de presupuesto, las metas de recaudación e indicadores de desempeño para el titular de la SAT.

Asimismo, el parlamentario señaló que “el Directorio estaría a cargo de nombrar al superintendente, en una convocatoria pública, para ocupar el cargo por cinco años. Entre las obligaciones del funcionario estaría rendir cuentas al órgano colegiado en cuestiones de recaudación, administrativas y temas internos, además de estar obligado a cumplir las metas de recaudación”.

En la iniciativa original, presentada por el Minfin, se incluía la integración de un nuevo directorio, reducido de cuatro a dos miembros titulares, más el secretario. Sin embargo, la propuesta del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) elimina este órgano, justificado por su ineficiencia, y en su lugar propuso crear un Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, formado por profesionales de diversas áreas, con el objetivo de resolver recursos administrativos, previo a instancias judiciales, explicó el analista Ricardo Barrientos.

Flores explicó que se busca crear un Tribunal Administrativo y Aduanero, el que  “estaría a cargo de resolver todos los recursos de los contribuyentes, en materia tributaria y aduanera. La integración de este tribunal estaría a cargo de tres abogados y notarios, así como dos contadores públicos y auditores, mediante una elección pública y nombrados por el Directorio.

POLÉMICO SECRETO

En cuanto a la eliminación del secreto bancario, el legislador comentó: “No lo llamamos como tal, sino como acceso a información bancaria.  Su objetivo es contar con información importante que fortalezca el control del contribuyente a las acciones de fiscalización por parte de la SAT e intercambiar datos con autoridades competentes para lo cual se reformaría la Ley de Bancos y Grupos Financieros, pero se establecerían parámetros para otorgar esa información, como la autorización de un juez competente”.

Para ello, la iniciativa sugiere la creación de una unidad de resguardo de información, para que garantice que el proceso de solicitud se efectúe en óptimas condiciones y bajo la ley de la SAT. Entre los requisitos para acceder a las cuentas está la autorización del juez, la justificación, el propósito del requerimiento, la fundamentación, la información requerida y la fecha en la que se requiere, agregó el parlamentario.

Respecto a la disposición de los legisladores para aprobar la iniciativa, Flores expresó: “Veo en la coyuntura nacional e internacional, la oportunidad para que las reformas sean aprobadas, debido a todos los problemas que se han generado por los casos de corrupción en la SAT;  incluso, el caso de los papeles de Panamá, hace viable la discusión de este tema”.

Algunos aportes

Otro enfoque

El presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario (ILADT), Víctor Emilio Sarat, presentó una propuesta de cambios, entre las cuales se “estable que la elección del Directorio se lleve a cabo por medio de un comité de evaluación, integrado por profesionales de las distintas universidades del país, expertos en economía, auditoria y derecho”. Ellos calificarían y seleccionarían a los candidatos, por lo cual se estaría eliminando la comisión postuladora, que actualmente es quien realiza esta tarea.

Además, el ILADT sugiere que el período del directorio sea de nueve años, sin opción a reelección y tendría a su cargo la elección del superintendente, quien estaría en el cargo por cinco años, con derecho a reelección, siempre y cuando su desempeño de evaluación sea favorable para el directorio.

Jairo Flores

Diputado