Recuperar la confianza de los contribuyentes
Si alguna noticia alentadora se ha producido esta semana, esa es la referida a la presentación de la iniciativa de Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, realizada ayer en el Congreso de la República.
Resultado del trabajo de una mesa técnica en la que participaron los integrantes de la comisión legislativa de Finanzas y sus asesores, el Ministerio de Finanzas Públicas y representantes de la sociedad civil, el proyecto entregado ayer constituye el primer paso de un largo y necesario camino para rescatar la confianza de los contribuyentes, después de que uno de los focos principales de los escándalos de corrupción de 2015 se situó precisamente en la SAT.
Desde siempre, la moral y la disposición tributaria de las y los guatemaltecos no ha sido alta. Todo lo contrario. Pero la manipulación de la SAT, la degradación de su perfil técnico-profesional en interés de espurios fines político-partidistas, y su uso como parapeto de la vulgar apropiación de recursos destinados a la hacienda pública, pusieron a esa entidad en un lamentable estado de postración y bajísima credibilidad. Su reforma es inaplazable.
Es claro que los cambios legales, por sí solos, no garantizan la transparencia ni el rescate de la confianza ciudadana. Hay un factor humano que siempre será decisivo. Pero la iniciativa presentada ayer, al menos, es un principio para intentar enderezar uno de los renglones más torcidos de nuestra historia hacendaria reciente.
Avala esa conclusión el estudio de la propuesta, que recoge un importante acuerdo técnico y político, aquel posible de alcanzar bajo las actuales circunstancias. Hay novedades como la reingeniería del Directorio de la SAT, la cual eleva la responsabilidad del Ejecutivo a través de su gabinete económico, al mismo tiempo que limita las connotaciones políticas en la designación del Superintendente.
Se crea la figura nueva del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero y se avanza en el acotamiento del secreto bancario. En virtud de este último, la SAT tendrá acceso a la información bancaria de los contribuyentes, mediante autorización de juez competente, únicamente para fines de control y fiscalización del pago de impuestos, sin violentar la confidencialidad garantizada por la Constitución Política de la República.
Esos y otros cambios, sin embargo, no están garantizados. Aún falta el obstáculo más difícil: la transformación de la iniciativa en ley de la República, tarea que corresponde al pleno del Legislativo.
Debería suponerse que, luego del proceso participativo en el que se gestó el proyecto, y con un acuerdo político previo, ese paso debe darse sin problemas.
Lamentablemente, hay experiencias en curso, como la tortuosa aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que obligan a elevar la vigilancia, para evitar el manoseo de un proyecto aceptable y que se quiera dar gato por liebre.
