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TCQ pagó sobornos a Pérez y Baldetti

El MP y la Cicig destaparon ayer otro caso de corrupción que involucra, como cabecillas, al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicegobernante Roxana Baldetti, quienes según la investigación revelada recibieron sobornos millonarios a cambio de otorgar el contrato de usufructo oneroso a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial de la española Group Maritim TCB.

La investigación detalla que TCQ pactó sobornos por un total de $30 millones, de los cuales $24 millones estaban destinados a “los socios locales (guatemaltecos)”. El dinero para la conexión chapina se acordó en “tres pagos”, de los cuales Pérez y Baldetti habrían recibido al menos $4.2 millones cada uno. Esta trama corrupta fue revelada como parte de la información que Juan Carlos Monzón trasladó al MP y Cicig en calidad de colaborador eficaz, figura que está por concretar también en el proceso de La Línea.

En conferencia de prensa, Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y la jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, expusieron que “desde enero de 2012 hasta por lo menos abril de 2015 (cuando se reveló la red La Línea) se concretó un grupo criminal integrado por el exbinomio presidencial y el ex secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, así como por Allan Marroquín, quien fungió como interventor de la portuaria Quetzal, y el subinterventor Julio Rolando Sandoval Cano.

Ayer fue recapturado Martínez, quien estaba en arresto domiciliario por el caso de corrupción Redes. El MP y la Policía Nacional Civil también ejecutaron las órdenes de detención contra Sandoval, así como de tres dirigentes sindicales de la portuaria Quetzal: Lázaro Reyes, Julio César Zamora y Julio Roberto Esquivel Orellana. Supuestamente los tres recibieron sobornos por Q5 millones para dejar de protestar por la concesión otorgada a TCQ.

El director de TCQ, Juan José Suárez, de nacionalidad española, también fue capturado, así como Jonathan Cheves, quien, según el MP y la Cicig, está vinculado al lavado de dinero y actuó como testaferro de Pérez Molina y Baldetti al comprar fincas y lanchas valuadas en millones de quetzales.

 “PLAN DE GOBIERNO”

Según las investigaciones del MP y la Cicig, el enriquecimiento ilícito aprovechando sus puestos ya estaba previsto por Pérez y Baldetti, pues “en los primeros días del gobierno del Partido Patriota” el mandatario atendió la recomendación de su operador, y expiloto de helicóptero, Guillermo Lozano Bauer, de nombrar como interventor a Marroquín, lo cual se  concretó el 24 de enero de 2012.

Los investigadores también determinaron que por recomendación de Baldetti se nombró, el 9 de marzo del mismo año, a Sandoval.

Lozano incluyó como parte de su equipo a William Schwank López. De acuerdo con el MP y Cicig, estas personas “conformaron el círculo político de confianza en el manejo de la Empresa Portuaria Quetzal”.

Los primeros contactos de directivos de la entidad Group Maritim TCB, en 2012, estuvieron a cargo de Lozano, Marroquín y López “con autorización del entonces presidente”.

Hubo reuniones en Barcelona, España, sede de la casa matriz de TCB, y en instalaciones portuarias de esta empresa en Valencia y en Buenaventura, Colombia.

Los aludidos se reunieron con Ángel Pérez-Maura, así como Suárez y un grupo de gestores locales e internacionales, entre quienes se encontraba el argentino Mauricio José Garín, contratados previamente por TCB y habrían efectuado gestiones para la realización del proyecto de ampliación del puerto durante el gobierno de la UNE.

Los representantes de TCB habrían lanzado una propuesta que “no solo incluyó aspectos técnicos y jurídicos sino además, el ofrecimiento de una comisión correspondiente a TREINTA MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS, para los gestores nacionales e internaciones, así como para OTTO PÉREZ MOLINA y la vicepresidenta ROXANA BALDETTI”, según se lee en la exposición de las pesquisas efectuadas por el MP y la Cicig.

En enero de 2013, Lozano Bauer salió de Guatemala, por lo que el presidente y la vicepresidenta designaron a un nuevo “negociador” para el pago de lo pactado. El nuevo encargado de puerto Quetzal era Juan Carlos Monzón.

SOBORNOS A PLAZOS

Monzón recibió el reporte de Lozano respecto a cómo iba la negociación con TCB, cuyos directivos solicitaron que se confirmara que el entonces secretario privado de Baldetti era también “vocero del presidente”, para los fines del pago de sobornos.

El MP y la Cicig documentaron que con este propósito, Pérez Molina decidió dar a conocer a Pérez-Maura y Suárez, de manera directa, en una reunión en la Casa Presidencial, que Monzón era su persona de confianza y de Baldetti, por lo que sería el “encargado de solucionar los problemas que tuvieran en la ejecución del contrato y su desenlace”.

Después de esto, Monzón pactó con los empresarios el pago del soborno solo en efectivo, descartando una propuesta de incluir acciones de TCQ, lo cual fue aceptado por Pérez-Maura y Suárez, quienes accedieron a pagar las millonarias coimas, pero en “tres abonos”.

La condición que pusieron Pérez y Baldetti fue que “los pagos no se extendieran más allá de dus mandatos, exigiendo como fecha límite para cumplir lo pactado, octubre de 2015. Garín se encargaría de ejecutar el plan de pagos.

Lozano, Marroquín y Schwank tienen orden de captura internacional, al igual que Pérez-Maura y Garín.

Por medio de un video, Marroquín, quien está en Estados Unidos, afirmó: “No me esconderé y me presentaré en Guatemala para dilucidar cualquier responsabilidad”. Resaltó que él no firmó ningún documento del usufructo con TCQ.

Los capturados ayer fueron trasladados a la cárcel de la brigada Mariscal Zavala y la indagatoria tendrá lugar el martes en el Juzgado B de Mayor Riesgo.

Magistrado de la CSJ / Involucran a Charchal

En la conferencia de prensa en la que se reveló la corrupción en el usufructo a la empresa TCQ, la fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado Iván Velásquez informaron que se solicitó el antejuicio contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas René Charchal Ramos.

Según los investigadores, Charchal podría haber incurrido en tráfico de influencias al intervenir a favor de TCQ para que la empresa no pagara Q24 millones que la Municipalidad de Puerto San José requería en concepto de licencia de construcción de la nueva terminal portuaria.

En su calidad de colaborador eficaz, Juan Carlos Monzón Rojas declaró, en anticipo de prueba, que solicitó el apoyo de Charchal para que este influyera en un juzgado, que al final emitió una resolución que exoneró a TCQ del pago de los Q24 millones.

Mario Ruano San José, asistente de Charchal, obtuvo la resolución y a cambio recibió una camioneta agrícola blindada, mientras que José Luna Argueta, del Juzgado de Instancia Civil y Económico Coactivo de Escuintla, cobró Q50 mil. Ambos fueron capturados ayer.

Charchal, en declaraciones a los periodistas, afirmó que reunirse con una persona, en este caso con Monzón, no es delito y declaró: “Me siento bastante preocupado por lo dicho, pero desconozco todos los hechos manifestados en la conferencia de prensa. Me voy a someter a las investigaciones correspondientes”.

Agregó que si se comprueba “la comisión de un hecho delictivo”, dejará el cargo.

La fiscal Aldana indicó que también se investiga al magistrado de la CSJ Vladimir Aguilar, por reuniones que sostuvo por el usufructo de TCQ, cuando fungía como titular de la Procuraduría General de la Nación.

Coimas a granel

A) $24.5 millones para el socio local

60% para Pérez y Baldetti, y 40% para Juan Carlos Monzón, Allan Marroquín, Julio Rolando Sandoval y William Schwank.

Primer pago: $10 millones, en el segundo semestre de 2013

Segundo pago: $2 millones, en primeros meses de 2014

Tercer pago: $12.5 millones, en dos pagos, entre abril y octubre de 2015.*

*De estas sumas de dinero, efectivamente fueron pagados $12 millones, pero no se sabe si el tercer pago pactado se cumplió, pues en ese lapso ocurrieron las capturas de La Línea, y Monzón estaba prófugo.

B) $5 millones para argentinos

c) $500 mil para “gastos”

Pagos a dirigentes sindicales y otros.

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