Educación y empleo contra la violencia
Si se cumpliera lo que establece la Constitución en sus artículos 1 y 2, muchos de los lastres que agobian a los guatemaltecos, incluida la violencia, tendrían que haberse superado o por lo menos, no estar en niveles tan alarmantes como los actuales.
El primer artículo de la Carta Magna reza que “el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”.
Esta declaración se complementa con el artículo siguiente: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.
Pero prácticamente los avances en el país y el bienestar de la población han dependido casi solo del esfuerzo personal y, muchas veces, teniendo que vencer a la ineficiencia y corrupción del aparato estatal.
Así vemos la espiral de deterioro en los servicios públicos, pasando por el sistema de salud, la educación y la seguridad.
Lo que siempre se había dicho de la visión de los políticos del Estado como botín, quedó retratado de cuerpo entero con los sórdidos detalles de la rapiña en que convirtieron la función pública los ahora encarcelados Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Hoy se conocen estas corruptelas, gracias al trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, pero lo más seguro es que si este nivel de investigación revisara la gestión de gobiernos anteriores, muchos más cadáveres putrefactos se hallarían debajo de la alfombra.
Los ciclos de cuatro años de gobierno se han repetido desde 1986, sin que se consoliden políticas rectoras con una senda clara a seguir para obtener resultados a mediano y largo plazos y dejar de ser devorados por el cortoplacismo. Si algún gobierno, por la razón que sea, implementa algún programa eficaz, el tiempo de vida de este, difícilmente excederá el período de gestión. Así no se puede.
El enfoque de seguridad represiva, que aparentemente es la vía más fácil para que los gobernantes traten de responder a las expectativas ciudadanas, no ha dado resultado, y las más de cinco mil muertes violentas que cada año enlutan a las familias guatemaltecas lo demuestran.
Sí, se requiere de una Policía Nacional Civil profesional y honesta, pero eso no es suficiente. También se necesita brindar educación de calidad y facilitar la creación de nichos de empleo para los miles de jóvenes que cada año buscan una oportunidad en el mundo laboral.
Como se menciona en el reportaje que publicamos hoy, la prevención avanza a paso lento y además sin presupuesto, lo que mantiene a la represión como la principal respuesta contra la delincuencia y a la zozobra, como una forma de vida en el país.
