Autonomía de la SAT
La columna vertebral del Estado son los impuestos. Si hay evasión y elusión. Si hay exoneraciones a granel. Si no se aprovechan adecuadamente los recursos propios. Si las concesiones son onerosas. Si la corrupción es desenfrenada. Si hay desorden en las finanzas. Si encima de todo no se recauda lo necesario, el Estado va a la quiebra y nunca se harán las obras de infraestructura que se necesitan para el desarrollo ni se prestarán con eficiencia y calidad los servicios de salud, educación y seguridad. El cuadro clínico del país es ese.
Conste que la crisis de la SAT no lo es todo, porque el sistema de gobierno, en general, requiere de una gran reforma, de un reordenamiento profundo, radical. Se necesita la supresión de muchas instituciones del Estado. La eliminación de consejos, juntas directivas, comités, directorios y comisiones que, so pretexto de la participación social o la intermediación democrática, hacen disfuncionales e ingobernables las instituciones, sin que sirvan para el combate a la corrupción. Lo contrario, la fomentan. El sistema de gobierno debe ser más vertical. Para el efecto debería integrarse un equipo que claramente proponga los mecanismos y los plazos para hacer los cambios. Hizo lo correcto el Ministerio Público en suprimir su consejo. Así debe hacerse con muchas instituciones.
Respecto a la Superintendencia de Administración Tributaria, uno de los puntos en discusión es la autonomía. Tan es así, que dos estimados economistas tienen posiciones encontradas al respecto. ¿Qué tanto contribuye el directorio al fortalecimiento de la SAT o a proponer superintendentes probos y capaces? Además de vitalicias, las representaciones sectoriales están viciadas, incluyendo las de la Universidad de San Carlos, que no garantizan ni la transparencia, ni el interés público o nacional.
La propuesta presentada es que el tal directorio se integre con el ministro de Finanzas Públicas, el de Economía y el presidente del Banco de Guatemala. Según Edgar Pappe, parece inconcebible que estos ministros queden facultados para nombrar mandatarios judiciales para perseguir a una maquila o denunciar a un contribuyente bancario. Comparto el criterio de que esos funcionarios son ajenos a los asuntos tributarios. Lo mejor sería un gerente y un consejo técnico de la propia SAT, integrado por los gerentes de las distintas áreas vinculadas a la recaudación, desapareciendo la figura del Superintendente.
La figura de las autonomías ha perdido mucha credibilidad y confianza. Si no, miremos las municipalidades, muchas de ellas convertidas en lavanderías y en nidos de corrupción, sin respuesta a los problemas de los municipios. La única opción es una combinación de centralismo al Ministerio de Finanzas con una figura técnica, así como establecer una carrera tributaria. En esa línea piensa otro economista, Edgar Balsells.
En todo caso, es necesario el debate y buscar consensos, para no precipitar un fracaso. La despolitización y los controles anticorrupción son prioritarios.
