Historia de nunca acabar
Los hechos, relatados de manera sucinta, ocurrieron de la manera siguiente: El Congreso de la República emitió el Decreto 13-2016, cuyas disposiciones establecen sanciones para las personas particulares y los funcionarios públicos que incumplan las citaciones formuladas por este organismo de Estado. El Presidente vetó dicho decreto, alegando vicio de inconstitucionalidad.
El Congreso rechazó el veto sin contemplación alguna y sin haber requerido la opinión de la Corte de Constitucionalidad –en acatamiento del criterio vertido por este tribunal en casos anteriores—. Y es que, a juicio de la CC, el veto fundado en motivaciones constitucionales enerva el proceso de formación de la ley hasta que dicho tribunal se haya pronunciado.
Para defender su postura, el Presidente de la República promovió acción de amparo el 14 de los corrientes. Hasta la fecha se ignora si la CC ordenó la suspensión provisional del rechazo por parte del Congreso, pero lo cierto es que el 20.04.16 en el diario oficial se publicó el controvertido decreto… cuyo “publíquese y cúmplase” viene calzado con la firma del Vicepresidente de la República.
Al tenor del artículo constitucional 179, ante el rechazo del veto por parte del Congreso, el Presidente podía optar entre sancionar y promulgar “obligadamente” el decreto o negarse a hacerlo, en cuyo caso sería la Junta Directiva quien ordenaría su publicación “en un plazo que no excederá de tres días, para que surta efecto como ley de la República.” La segunda posibilidad era –en mi opinión—la solución más acorde al desarrollo de los acontecimientos, habida cuenta que ya se había interpuesto un proceso de amparo, con la finalidad de reconducir a la legalidad el proceso de formación de la ley.
Al haber signado tan controvertido decreto el Vicepresidente (actuando en función de Presidente), cabe preguntar: ¿quedó sin materia el amparo interpuesto por el Presidente de la República, por haber consentido tácitamente el agravio don Jafeth Cabrera Franco como Presidente en funciones? Y algo aún más grave: ¿se debe imputar este consentimiento a un “error involuntario” del Vice o a una burda maniobra diseñada para quedar bien con Dios y con el diablo?
