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El aviso estaba dado. Seguidores de cuatro organizaciones obreras y campesinas bloquearon 25 puntos estratégicos de carreteras en todo el país y cuatro en la ciudad capital.

Los líderes de este movimiento social aseguran que buscan anular privilegios de empresarios y políticos, así como encontrar formas más equitativas de vida para la subsistencia de todos los guatemaltecos.

Los empresarios por su parte, rechazaron las movilizaciones populares, argumentando que violan el derecho de locomoción del resto de habitantes y generan pérdidas millonarias para la economía nacional.

Al final, los campesinos y obreros recibieron la promesa de la Vicepresidencia de la República para establecer mesas de diálogo y bus-
car soluciones.

LAS EXIGENCIAS

Los convocantes al paro fueron la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC),  el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y el sector salubrista.

Juntos exigieron que se eliminen los beneficios fiscales a las grandes empresas, la renuncia y castigo de legisladores corruptos y la nacionalización de servicios públicos que, como la energía eléctrica, se han privatizado.

También piden impulsar una Asamblea Constituyente, para lograr que se prohíba y castigue a quienes desvíen ríos y hagan mal uso de otras fuentes de agua, así como que un 15 por ciento de la tierra cultivable del país se dedique a la siembra de granos básicos.

Los manifestantes fueron atendidos en principio por una comisión multipartidista, pero el presidente del Congreso, Mario Taracena, terminó escuchándolos y ofreció integrar mesas de diálogo. El vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, coincidió en la promesa. Pero a diferencia de la reunión con diputados, que fue por la mañana, el mandatario los atendió al final de la tarde.

LOS RECLAMOS

Sin poder hacer más que manifestar su inconformidad, los empresarios hicieron públicas sus posiciones. Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) ya se había adelantado pidiendo a la Corte de Constitucionalidad intervenir, instruyendo a las fuerzas de seguridad para que los manifestantes no violaran el derecho de locomoción de otros guatemaltecos.

Muy temprano por la mañana, el pleno de la CC conoció el amparo y lo otorgó, por lo que las autoridades de seguridad ciudadana fueron instruidas para actuar y retirar a los manifestantes de los puntos bloqueados. Sin embargo, para ello la Policía Nacional Civil (PNC) aplicó un protocolo que incluía la intervención inicial de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para invitar al retiro voluntario de los protestantes, luego la de la PNC y por último, de ser necesaria, la acción por la fuerza, que no fue necesaria.

La CCG hizo circular un documento en el que detalla los efectos negativos que, según los empresarios, genera una movilización de esta naturaleza. Así, los comerciantes aseguran que el país pierde, por cada medio día de paralización, Q64.52 millones que incluyen áreas productivas como la agricultura, la ganadería, la actividad minera, las industrias manufactureras, la construcción, el comercio y el transporte.

La Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS) hizo un llamado en la misma línea de la CCG, en el sentido de que se garantice la libre locomoción. Rechazamos todo acto que genere conflictos, como es el caso de bloqueos y protestas”, dijo Carolina Castellanos, directora ejecutiva de ALDS.

Y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), manifestó su apoyo y acompañamiento a las cámaras que, como la de comercio, buscan garantizar la libre locomoción. Según el Cacif, existen otras formas con menos impacto negativo para el país y apegadas a la ley, “para que cualquier sector tenga la oportunidad de manifestarse”.

Las jornadas de protesta concluyeron junto con la reunión entre inconformes y el vicepresidente Cabrera.

Las demandas sociales

Unos 30 lugares fueron cerrados

Al menos cuatro organizaciones obreras y campesinas cumplieron ayer su amenaza de paralizar el país y los manifetantes obstruyeron el paso en alrededor de 30 puntos.

Además, lograron reunirse con una comisión legislativa, así como con el vicepresidente, Jafeth Cabrera. En ambos casos recibieron la promesa de atender sus demandas:

Anular los beneficios tributarios a las grandes empresas.

Un aporte de Q300 millones para atender a 100 mil familias.

Que renuncien y se castigue a los diputados corruptos.

Que se nacionalicen de nuevo todos los servicios y bienes públicos privatizados durante el gobierno de Álvaro Arzú.

Que, el 15 por ciento de las tierras cultivables del país sean destinadas agranos básicos para la alimentación.

Que se prohíba y se penalice la apropiación indebida y el desvío de ríos, lagos y otras fuentes de agua por parte de empresas privadas.

Se convoca a todo el pueblo a impulsar un proceso de Asamblea Constituyente Popular Plurinacional desde las comunidades.

Vías bloqueadas

CAPITAL

Plaza Obelisco

20 calle, zona 1

Plaza de la Constitución

Congreso de la República

INTERIOR DEL PAÍS 

Km 158 Nahualá, ambas vías
San Julián, Tactic, Alta Verapaz u Km 132 La Cumbre, Baja Verapaz
Km 84 San Agustín Acasaguastlán, al nororiente u Entrada a Poptún, Petén
Km 262 cruce a Pajaj, Lanquín u Km 367 camino a Flores, Petén u Telemán, Senaú u Km 361 Franja Transversal del Norte
Km 53 ingreso a Sanarate u Km 247 Pajapita, San Marcos u Km 171 Taxisco
Km 245 cruce La Ruidosa u Puente Castillo Armas, Retalhuleu
Ruta Escuintla-Chiquimulilla u La Cumbre CA2 Occidente
Km 178 El Zarco, Retalhuleu u Km 187 Cuatro Caminos, Totonicapán
Km 264 Ruta Interamericana, Piedras Negras
Km 263 Aldea Xinajoj, Huehuetenango u Guanagazapa u Km 112 Cocales
Km 117 Las Trampas, ruta Interamericana

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