Proponen crear intendencia para el transporte público
Con el fin de regular el transporte público colectivo de personas, los legisladores Álvaro Velásquez, Sandra Morán y Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia, presentaron ayer el anteproyecto de Ley Reguladora del Transporte Público y Creación de la Intendencia del Transporte Público.
El anteproyecto propone crear la Intendencia Nacional de Transporte Público (Intrap) como una entidad autónoma, la cual absorbería todas las funciones de la Dirección General de Transportes y sería responsable del control, monitoreo y verificación de la calidad del servicio que recibe subsidio del Estado.
Ello implica asumir las funciones normativas, de supervisión, vigilancia, regulación y administración de una política nacional de transporte público, tanto en la capital, como en las municipalidades que así lo planifiquen.
Velásquez mencionó que según la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de la Ciudad de Guatemala y Municipios Adyacentes (Asopagua), solo el 43% de las unidades que reciben subsidio se encuentran en operaciones; sin embargo, el apoyo monetario es otorgado a la totalidad de las unidades de transporte. En 2015 el subsidio a ese sector se incrementó de Q245 millones a Q435 millones.
Otras funciones serían: velar por el pago puntual del aporte al transporte por parte las entidades que indica la ley; actualización de los criterios de distribución cada seis meses; promoción de la competencia en cuanto a la prestación del servicio con el fin de elevar la calidad y precios; e incentivar la capacitación de pilotos en aspectos como servicio al cliente y adecuado manejo de los automotores.
Además, se propone la integración de una policía nacional de transporte público y la creación de una política de transporte, que a su vez crearía un mecanismo de pagos automatizados en efectivo y/o prepago en todo el territorio nacional.
Según la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano (Autue), una iniciativa similar fue presentada por dicha entidad hace cinco años y lo que busca es contar con un ente que pueda controlar todo el transporte público y se desvincule de las municipalidades, un ente rector y normativo.
Se buscó la opinión de Luis Gómez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), pero no respondió a las llamadas.
Por aparte, Édgar Guerra, de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, mencionó que todo esfuerzo que tienda a controlar el desorden y la anarquía en el transporte colectivo en el ámbito nacional, será bien visto.
“Es un negocio promovido por un sector de transportistas que se han enriquecido con la necesidad de un pueblo. De los 1,929 buses que hay, solo 1,150 prestan el servicio, es decir, solo un 60% de la totalidad de los autobuses que reciben el subsidio”, indicó.
