El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), responsabilizó ayer al Gobierno de ese país por el asesinato de la activista de ese movimiento Lesbia Yaneth Urquía, de 49 años, registrado el miércoles.
En un comunicado, el Copinh responsabilizó “directamente” por el asesinato de Urquía “al Gobierno de Honduras “ y “a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza”.
De igual forma, culpó por el mismo hecho a la presidenta del gobernante Partido Nacional, Gladys Aurora López, y su esposo, Arnold Castro, “por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz”.
El cuerpo sin vida de Urquía fue hallado el miércoles en los predios de un basurero público en la ciudad de Marcala, departamento de La Paz, limítrofe con El Salvador.
Según el Copinh, la víctima era una “destacada” líder comunitaria vinculada al organismo ambientalista, cuya coordinadora general, la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres, fue asesinada el 3 de marzo en la ciudad de La Esperanza, occidente del país, donde residía.
Urquía participaba en el Copinh “desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009” y además era “activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas”, que se oponen a la construcción de proyectos hidroeléctricos en el occidente del país, añadió el comunicado.
El Comité indicó que la dirigente del Copinh formaba parte de un grupo opuesto a un proyecto hidroeléctrico sobre el río Chinacla, que cruza por poblaciones de indígenas lencas del oeste de Honduras.
Mientras que la Policía local sugiere que el crimen se trató de una extorsión, puesto que la mujer tenía dos hoteles y un negocio de abarrotes, los ambientalistas insisten en que la muerte fue motivada por la lucha de la mujer contra el proyecto hidroeléctrico.
La muerte de Lesbia Yaneth constituye un femicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta”, subrayó el pronunciamiento.
Además, exigió “que cesen los asesinatos” contra los miembros del Copinh y que se haga justicia por los asesinatos de Lesbia Yaneth Urquía y de Berta Cáceres y que esos crímenes “no queden en la impunidad”.
Sobre el caso de Urquía, el Ministerio Público designó ayer un equipo multidisciplinario para investigar su muerte violenta.
Urquía habría muerto a causa de un trauma encéfalocraneal abierto, producido con un objeto cortante, según informó hoy escuetamente una fuente policial en Marcala.
Proyectos hidroeléctricos
Causan inconformidades en el país
En Honduras se han identificado más de 40 proyectos hidroeléctricos grandes y más de 50 centrales pequeñas, con apoyo del Banco Mundial (PIR) Programa de Infraestructura Rural. El Copinh se opone a la construcción de esos proyectos que afectan el medioambiente. Por el asesinato de Berta Cáceres se encuentran procesadas cuatro personas vinculadas con la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. La BBC de Londres llamó a Cáceres: “la hondureña que le torció la mano al gigante chino Sinohydro y al Banco Mundial”.
3 dirigentes de Copinh asesinados desde el 3 de marzo, incluyendo a Tomás García, asesinado días después de Berta Cáceres.
