La DGAC y La Aurora, nidos de corrupción
El Aeropuerto Internacional La Aurora, fue una de las cuatro instituciones públicas más utilizadas para llevar a cabo actos de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota (PP).
Así lo afirma la diputada Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala: “el aeropuerto es uno de los grandes espacios que utilizó el PP para sacar granjerías y para llevar a cabo las más escandalosas corrupciones, junto a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Autoridad para el Manejo Sustentable de la cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA)”.
Para fundamentar su acusación, este bloque legislativo ha presentado una serie de denuncias en contra la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), institución que pertenece al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), por al menos 11 de actos ilícitos dentro de esa institución.
El primero de los casos que mencionó es el contrato administrativo de arrendamiento de un área adyacente al aeropuerto, para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistema de combustible.
Según ella, “el proceso fue opaco y poco transparente”, además de violar el plan maestro del aeropuerto, por estar dentro de la pista en donde debería estar el área de taxeo. En su momento, la Contraloría General de Cuentas (CGC) recomendó “dejar sin efecto la contratación relacionada”, y recomienda “declarar la nulidad de la misma o bien promover las acciones legales que correspondan derivado de las inconsistencias legales analizadas”.
El segundo fue que la DGAC resolvió declarar la conclusión anticipada del contrato administrativo con la entidad Terminales del Atlántico, S.A. Otra de las anomalías fue el cambio de contadores digitales de energía eléctrica en la terminal aérea, a efecto de realizar una compra directa para modificar bases luminarias e instalación de tubos.
“La DGAC, está cometiendo ilegalidad al querer tercerizar el servicio de energía eléctrica, debido que la única empresa autorizada para prestar ese servicio es la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), por lo que esto puede constituir un delito”, dijo.
Otra negociación anómala mencionada es el contrato administrativo DS-92-2014, denominado “prestación de servicios técnicos de información de vuelos para pasajeros del aeropuerto internacional La Aurora”, aprobado por Gustavo Martínez Luna, yerno y exsecretario general del entonces presidente, Otto Pérez Molina, equipo que funciona de manera irregular, aunque costó Q5.5 millones.
También se descubrió que la empresa Aerodespachos, S.A., simuló ser otra, denominada AEROJET HANDLING GROUP, S.A., con el fin de evitar pagos adeudados a la DGAC por Q13.8 millones. El gerente de ambas entidades es el mismo.
Plazas y compras fantasmas
Esta entidad tampoco se escapa del escándalo de las plazas fantasmas, pues en el 2014 hubo un exceso de contrataciones: 1,080, bajo el reglón 029 (profesionales externos) a quienes se les pagó Q71 millones, mientras que el personal bajo el reglón 011 (permanente) fueron 202, por Q2.5 millones.
Pero eso venía de antes, pues en 2012 y 2013 también se gastaron alrededor de Q75 millones en contratación de personal temporal. “Existen personas que ocupan cargos no congruentes con su profesión. Es más, hay asesores que solo tienen nivel diversificado”, dijo Montenegro.
Agregó que las plazas fantasmas, no fueron 100 o 200, “sino 500-600 plazas de gente que nunca llegó”.
Por otro lado, en la fiscalización de la ejecución del Presupuesto del ejercicio fiscal 2012 de la DGAC, se gastaron Q154 millones y para funcionamiento fueron Q152 millones 920, mientras que para inversión solo se asignó Q1 millón 38 mil. En el 2013, fueron ejecutados Q114.8 millones, de lo cual, Q114.4 millones también se gastaron en funcionamiento.
En cuanto a contrataciones anómalas, para efectuar estudios jurídicos, se erogaron Q1.7 millones; y para determinar el estado jurídico de la finca donde se encuentra el Aeródromo, la DGAC invirtió en 26 asesores legales, a quienes les pagó Q5.5 millones.
Además, el 29 de septiembre de 2014, bajo el contrato administrativo 71-2014, se arrendó equipo de cómputo con opción de compra a la entidad Suministro Internacional de Mercadería, S.A. (dicha empresa había sido denunciada el 23 de febrero de ese año por el contrato anómalo de arrendamiento de impresoras). En total se arrendaron 340 equipos por Q6.9 millones, lo que equivale a Q20 mil 368 cada uno.
Otra de las cosas que lamentó es que “muchas compras se hicieron por excepción, tales como shampoo y cosas que tenían que ver con lavacabezas, salones de belleza, etc., con dinero asignado al aeropuerto”.
Además, dijo que se utilizaron “empresas de cartón para poder hacer supuestamente mejoramiento de pisos, cielo raso, ventilación, y al final no se realizaron las obras; no hay aire acondicionado, el piso está en mal estado y los baños están descompuestos por haber utilizado empresas fantasmas que solo servían para trasladar dinero”.
A juicio de la diputada, la DGAC se mantuvo intervenida, como fue lo clásico en la época del PP, para que las órdenes llegaran en línea directa desde el presidente y nadie las pudiera fiscalizar.
“El gobierno del PP fue el descubierto, pero los gobiernos anteriores no han hecho ni más ni menos que lo mismo”, expuso en referencia, por ejemplo, al de Oscar Berger, en cuyo mandato se contrataron las obras de ampliación y remodelación de la terminal aérea, por cifras multimillonarias.
Nineth Montenegro
Diputada
“El gobierno del PP fue el descubierto, pero los gobiernos anteriores no han hecho ni más ni menos que lo mismo. Aquí se han descubierto cientos de plazas fantasmas, la contratación de servicios y la compra de productos que nada tienen qué ver con el aeropuerto”.
Denuncias
Por anomalías
11 han sido interpuestas por el partido liderado por Monenegro.
