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Denuncian fraude en Micivi por Q1,704 millones

La diputada Nineth Montenegro interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de asociación ilícita y fraude, contra los funcionarios titulares que estuvieron al frente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Fondo Social de Solidaridad Social (Fodes), la Dirección General de Caminos y la Autoridad para el Manejo del Lago de Amatitlán (AMSA), que ejercieron durante los períodos 2012 al 2015.

Acompañada por los legisladores de su bancada, Dorian Delfino Taracena, Héctor Leonel Lira, Luis Fernando Montenegro y Érick René Lainfiesta, detalló que durante estos años, a 30 empresas les fueron adjudicados, por excepción y de manera restringida, contratos de supervisión de servicios de dragado y hasta después, el Micivi adjudicó 36 contratos por dragados y 32 por supervisión de obra, por un monto total de Q1,704 millones.

Según la denuncia, “llama la atención que de los 32 contratos referidos, 31 se adjudicaron en los períodos de 2012 al 2014, cantidad que no incluye los contratos de Consejos Comunitarios de Desarrollo, municipalidades o portuarias”.

De ese mismo modo, 33 contratos de dragados fueron adjudicados por el Fondo de Solidaridad Social, “fideicomiso, que es difícil de fiscalizar y al cual se le otorgó un monto de Q1,414 millones.   Es importante resaltar que este fondo realizó la mayor cantidad de dragados y que el fondo en mención ha sido vinculado con adjudicaciones discrecionales para un exdiputado al Congreso de la República, lo cual constitucionalmente es prohibido”.

Además, se adjudicaron otros tres contratos por Q207 millones por medio de la Dirección General de Caminos.   De todos estos contratos, 20 fueron ampliados.

Empresas involucradas

El documento presentado al MP especifica que los contratos de dragado fueron adjudicados a 23 empresas, dentro de las cuales se encuentran “Alquiler de tractores”, conocida como ALTRACSA, cuyo representante legal es Marco Antonio Recinos Sandoval, prófugo de la justicia por el caso Cooptación del Estado.

También “Constructora del Atlántico S. A.”, representada por Carlos Gabriel Guerra Villeda. Y MACOR, cuyo representante legal es Julio Alejandro Quinto Tobar; todos ellos, prófugos por el mismo caso, así como por financiamiento ilícito.

Según indican los interponentes, el interés de investigar los contratos de dragados, las empresas que los supervisan, así como el alquiler de maquinaria y equipo, se debe a que el dragado es la obra más difícil de fiscalizar “y como en reiteradas veces ha hecho mención el Contralor General de Cuentas, es la más susceptible de corrupción, porque determinar el estado de la obra es muy complejo, debe realizarse in situ y en el momento, ya que una auditoría ex post no refleja a cabalidad si la misma se hizo o no”.

LA PETICIÓN

Por lo tanto, los diputados solicitaron que se investiguen los pagos vía constructoras especializadas en dragados y alquiler de maquinaria, pues existe la posible concurrencia de fraude, aparte de que a los empresarios se les facturaba por servicios intangibles, simulados y difíciles de rastrear, como el “uso de maquinaria por mil horas”.

Por último, indicaan que  la entidad del Organismo Ejecutivo que más gastó en el alquiler de maquinaria fue la Autoridad para el Manejo del Lago de Amatitlán (AMSA), entidad cuestionada  por el caso de corrupción “Agua mágica”. Dicha maquinaria fue arrendada supuestamente para trabajos de cierre del sitio de Disposición final del lago; mantenimiento de la laguna de retención de desechos sólidos; y mantenimiento de las celdas 3 y 4 del relleno sanitario de Bárcenas, Villa Nueva.

Montenegro:

“Esos dragados no pudieron haberse hecho”.

La diputada Nineth Montenegro dijo que hace ocho días le entregaron a la Contraloría General de Cuentas una serie de investigaciones que hay sobre dragados y la gran duda es que estos no se hayan realizado. “Queremos que se investigue el destino de Q1,704 millones, más Q50 millones que se habrían pagado por alquiler de máquinas”, demandó.

Señaló que se tiene conocimiento de 32 obras, pero que en la actualidad no existe forma de verificar si se hicieron o no los trabajos, incluso en el lago de Amatitlán. “Nos causa sorpresa que AMSA tiene tres retroexcavadoras; supuestamente se alquiló maquinaria y se trabajó solo sábados y domingos por la noche en el dragado del lago de Amatitlán. Acá creemos que hay anomalías”.

La denuncia indicada también va contra las autoridades que tuvieron qué ver en los años de 2000 a 2014 en este tipo de trabajos, pues se supone que en ese período, por medio del Fondo de Inversión Social, se hicieron varios trabajos de dragado en el país.

“Tenemos denuncias de personas que indicaron que vieron llegar una retroexcavadora a algunos lugares de la ciudad y en el interior del país; se estacionaban por horas y luego eran retiradas, más no se vio que movieran piedras o hicieran algo”, aseveró.

Agregó que se ha determinado que algunas empresas de las que se mencionan también están involucradas en el caso de Cooptación del Estado. “Hicieron una supervisión de forma restringida y por excepción y esto es algo que está fuera de lugar”.

La parlamentaria indicó que  en el caso de la maquinaria, deben haber vales de gasolina, como prueba  de alguna labor que se haya realizado. “Todo esto se hizo por excepción y fideicomisos, y eso llama la atención porque no fue un procedimiento correcto”, finalizó.

Redacción

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