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#EntrevistaS21: Ricardo Méndez-Ruiz

“Empresarios y militares son cobardes y timoratos”

Ricardo Méndez-Ruiz

Méndez-Ruiz dirige la Fundación contra el Terrorismo. Sus planteamientos son polémicos y hasta señalados de promover el discurso del odio. Siglo.21 conversó con él sobre este y otros temas.

Usted ha solicitado que se retire la inmunidad al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). ¿Cuál es su motivación?

Lograr que el señor Iván Velásquez se someta a la ley guatemalteca para que como funcionario público responda por los abusos e ilegalidades que comete.

¿O sea que usted y la fundación que dirige consideran que la CICIG funciona y actúa de manera ilegal en Guatemala?
No precisamente. Lo que creemos es que cometen ilegalidades, sin tener responsabilidad legal como el resto de funcionarios públicos.

¿A qué tipo de ilícitos se refiere?
A que, por ejemplo, la CICIG ejerce la persecución penal y ese no es su papel ni su función.

La persecución penal la ejerce el Ministerio Público (MP). Por supuesto que con apoyo de la CICIG en materia de investigación y formulación de las acusaciones, pero el MP tiene la última palabra. Eso legaliza el actuar de la CICIG.
Tiene toda la razón. Pero una cosa es lo que dice la ley y otra lo que se hace. Y la CICIG ejerce la persecución penal de hecho.

No todo lo legal es justo ni correcto. Pero eso no implica que algo sea ilegal, y en tanto no sea ilegal no atenta contra el Estado de derecho.
Le vuelvo a dar la razón. Pero así es como nosotros pensamos.

Y es respetable su posición. Pero para pedir algo sobre la base de supuestas ilegalidades, porque en la realidad los hechos no riñen con la ley, lo más seguro es que las solicitudes no prosperen.
Por eso es que acudimos al presidente de la República, solicitando una acción constitucional para que se efectúe un adendum al acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se anule la inmunidad diplomática de la que goza el jefe de la CICIG y se cambie por el derecho de antejuicio.

¿Por qué acudir al presidente y no directamente a la Corte de Constitucionalidad (CC), si como usted mismo dice se trata de un asunto constitucional?
Esa fue la ruta y la estrategia que acordaron nuestros abogados. El presidente tiene 30 días para responder, y si resuelve negativamente, pues acudiremos a la CC.

Volviendo al tema de la legalidad, tengo la percepción de que si considera ilegal el actuar de la CICIG, entonces también cree que su papel en el país no ha sido positivo.
Para nada. Soy el primero en levantarme para aplaudir las acciones de la CICIG en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Pero eso es a todas luces contradictorio. ¿Cómo aplaudir acciones de un ente que me parece que actúa ilegalmente?
Es que son ciertas acciones las que comete de manera ilegal.

Hasta el momento no ha mencionado un solo caso de las supuestas ilegalidades.
Le puedo mencionar la captura de 18 oficiales retirados del Ejército. Ahí, la CICIG cometió una ilegalidad a todas luces.

¿Por qué?
Porque la CICIG tiene una misión, que nada tiene que ver con el pasado y menos con el conflicto armado interno. Y a esos oficiales se les acusa de hechos sucedidos durante el conflicto. Por lo tanto, lo actuado es ilegal.

¿Eso no debe decidirlo un juez competente? Porque ninguna captura de las efectuadas se ha hecho sin autorización de un juez
Sí, así es, pero insisto en que la acción es ilegal.

Esa es su opinión y es respetable. Lamentablemente, como le repito, no todo lo legal es justo ni correcto. Lo cierto es que si un juez avala una acción de esa naturaleza, entonces le da validez legal, ¿o no?
Tiene toda la razón. Pero así es como yo pienso.

Pero el Estado de derecho no se construye sobre lo que pensamos individualmente, sino sobre lo que está dentro del marco jurídico, que se ha hecho para su aplicación general y no individual.
Es correcto. El problema que tenemos es sobre el tema que ha cobrado fuerza últimamente, y es el del debido proceso. Yo insisto en que en muchos casos no se está aplicando el debido proceso. El accionar de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en contra del sector privado es un ejemplo claro de violación del debido proceso. Al sector privado se le está agrediendo y lo peor es que sus miembros no reaccionan.

 

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¿Considera de verdad una agresión el hecho de que la SAT cobre los impuestos no pagados por una entidad?
Sí, porque no solo le cobran sino que al pagar aún se insiste con procesos jurídicos en contra de los empresarios. Esa es una persecución que aleja la inversión, no solo local sino también la extranjera. Y así no se puede hacer crecer la economía, no pueden generarse empleos.

Si cree que eso es una agresión, entonces también cree que las acusaciones hechas en contra de algunas empresas y empresarios son infundadas. Es decir que los acusados son inocentes. La pregunta es, entonces, ¿por qué están pagando? ¿Usted pagaría algo que no debe?
Lo que sucede es que el sector privado organizado en el Cacif y el Ejército tienen miedo.

Miedo, ¿de qué?
Le tienen miedo a la CICIG. Miedo de las acciones coordinadas por un eje que domina la izquierda. Esa cadena arranca en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y sigue con la Embajada de ese país en Guatemala, la CICIG, el Ministerio Público y la SAT.

¿El Departamento de Estado y la Embajada de izquierda? Es lo más ilógico que he escuchado.
Claro que sí. En una reunión que tuve con Arnold Chacón, el embajador que precedió a Todd Robinson, él me dijo que no podía hacer nada contra la entonces fiscal general, Claudia Paz, porque ella era su puerta de acceso al Departamento de Estado de la entonces secretaria Hillary Clinton.
Y en el caso del señor Iván Velásquez, el expresidente colombiano Álvaro Uribe me comentó en alguna oportunidad que en su país es considerado un hombre de izquierda, con vinculaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Bueno, pero en todo caso, ser de izquierda o de derecha nada tiene que ver con la eficacia y eficiencia con la que se haga un trabajo. Y usted mismo asegura que aplaude las acciones de la CICIG.
Por supuesto. Lo que reclamo es que actúen de manera ilegal y agrediendo a empresarios y militares.

Ya que volvimos al tema de la agresión, usted dice que ambos sectores tienen miedo. Pero, ¿no será más bien que han preferido tomar distancia de los hechos que involucran a integrantes de su gremio, porque prefieren que cada quien resuelva sus asuntos o porque saben que hay algunos malos guatemaltecos entre sus filas?
Lo que sucede es que son unos cobardes y timoratos. El temor no los deja actuar como deberían. Por eso es que actuamos nosotros por ellos.

¿Y cómo sabe que ellos quieren que alguien actúe en su nombre?
No lo hago en su nombre. Lo hago por el derecho que me asiste como guatemalteco, reclamando lo que considero ilegal.

¿No cree que su postura es demasiado ideologizada y extremista?
Hago lo que creo correcto y fiel a mis principios y pensamiento.

Tengo una curiosidad, desde que iniciamos esta conversación, precisamente por sus planteamientos y enfoques. ¿Por qué no fue militar? Porque parece más militar que los militares.
Eso me han dicho muchos, incluso militares. Mi papá quería que lo fuera, pero por diversas circunstancias tomé otro camino.