¿Avanzamos por la vía correcta en educación? (3)
La búsqueda de alternativas a las políticas que durante 15 años debilitaron los espacios públicos en educación y que mostraron su insuficiencia para alcanzar la universalización de la educación primaria hizo virar la mirada hacia el Sur. A partir de las experiencias promovidas por la social-democracia en Brasil se ensayó una nueva estrategia para universalizar la cobertura educativa. Durante el período comprendido de 2008 a 2011 se pusieron en marcha un conjunto de políticas de reducción de la pobreza en el marco de la economía de mercado, con la finalidad de resolver las contradicciones que genera el crecimiento económico, sin capacidad de expansión del bienestar al conjunto de la sociedad.
La acción principal fue el programa de transferencias monetarias condicionadas, más conocido como Mifapro. Las familias pobres recibían 300 quetzales mensuales con las condiciones de enviar a sus hijos a la escuela y realizar sus chequeos de salud. A su vez, se dio cumplimiento al mandato constitucional de la gratuidad de la educación en las escuelas públicas, las cuales ante la precariedad habían optado por realizar cobros de inscripción a los niños para sufragar sus gastos de operación. La política amplió el horizonte de la cobertura planteando como meta la universalización de la educación preprimaria, primaria y básica.
El programa de transferencias se inició en el año 2008 y sus efectos se hicieron sentir principalmente en 2009. En el nivel preprimario se observó el mayor aumento histórico de cobertura registrado en el país. En 2008 la tasa neta fue del 49.0% y durante 2009, 57.1%. Esto significó un crecimiento de 8.1 puntos porcentuales. En el año 2009 se observó que la cobertura del nivel primario se elevó en 3.6 puntos alcanzando una tasa neta del 98.7%. Mientras que en el ciclo básico la cobertura neta era del 37.2% en 2008 y en el año 2009, del 40.3%. Todo parecía que iba encaminado hacia la universalización del nivel primario, un sueño planteado en el país desde hacía 174 años, y una aceleración en la cobertura del nivel preprimario, que constituye el compensador más contundente en el rendimiento escolar para el nivel primario.
Sin embargo, el crecimiento acelerado del número de familias beneficiarias y sus posibles efectos en las elecciones de 2011 provocó una reacción sistemática por parte de los partidos políticos de oposición y grupos conservadores. Se obvió discutir el impacto que tendría una política sostenida para que una generación de niños y adolescentes alcanzara 9 años de escolaridad. En su lugar, la crítica por parte de la clase media de los centros urbanos se centró en hacer responsables a los propios pobres de su condición y que no se les debía regalar nada; por el contrario, había que enseñarles a pescar. En este sentido se fracasó en comunicar quiénes serían los auténticos beneficiarios y los efectos positivos para el conjunto social. La crítica también se focalizó en el mecanismo de conducción de las políticas sociales a través del Consejo de Cohesión Social, acusándolo de ser poco transparente. Finalmente el protagonismo de la acción política de oposición se trasladó a la Corte de Constitucionalidad y al Congreso. Más allá de la destitución del ministro de Educación y la disminución del presupuesto, los resultados fueron más que evidentes: el inicio de la caída de la matrícula escolar con las consecuencias para que la niñez ejerza su derecho a la educación y tirar por la borda una alternativa estratégica.