Pactos sindicales en el Estado
Es necesario que la población trabajadora, sindicalizada o no, empiece a discutir sobre la ética en la función de representación de los sindicatos, los alcances del papel de la dirigencia, el ejercicio de los derechos que conlleva la libertad sindical y su papel en la sociedad.
La imagen de los sindicatos ha desmejorado mucho; en especial, por ciertos pactos colectivos celebrados en dependencias públicas. Aunque debe decirse que, en parte, esto proviene de opiniones mediáticas de alto contenido ideológico, aprovechando actuaciones de directivos sindicales que parecen irresponsables o de dudosas pretensiones.
No es mi intención ocultar manejos sindicales injustificables, que seguramente los hay. Pero no es generalizado. Prominentes inversores y empresarios se vieron hace poco involucrados en manejos contables ilegales que les metieron en apuros tributarios y fueron a parar a la cárcel. Esto no hace evasores de impuestos y mañosos a todos los patronos y las empresas. Es lo mismo con los sindicatos.
La representación de los trabajadores es tan importante como la representación patronal. Son consustanciales a la democracia y referencias fundamentales en la esfera del trabajo, en la esfera pública y en la del mercado.
El asunto es que en esa disputa ideológica se está mintiendo sobre la función de los sindicatos en la sociedad y la democracia. Los pactos colectivos reafirman la importancia de la representación y la reivindicación sindical; constituyen contratos colectivos que norman las condiciones de trabajo y son democráticos porque intervienen las partes de la relación laboral. Que en unos casos pueden existir disposiciones disparatadas y fuera de lugar, es cierto. Pero la responsabilidad principal es de los funcionarios que administran dichas dependencias al suscribir tales compromisos y de la autoridad que aprueba la homologación.
Nadie se pelea con la idea de contrataciones y condiciones de trabajo basadas en competencias y capacidades; tampoco con la posibilidad de dar vida a la carrera administrativa en el servicio público. Al contrario.
El problema de fondo es que desde hace muchos años el servicio, la función y los recursos públicos se convirtieron en fuente de poder, en botín político, en medio de enriquecimiento ilegal, inmoral y antinacional. La cooptación del aparato estatal por las mafias permeó las instituciones y los procesos políticos, organizacionales y burocráticos, hasta controlarlos plenamente. Rescatar al Estado en la actualidad exige romper con esos lazos, con la fragilidad institucional, y hacer que en verdad opere. Pero hacerlo violando las instituciones, desfigurando derechos o acortando caminos con salarios de hambre, es caer en el mismo precipicio al que nos llevaron las mafias. Hay que buscar un arreglo apropiado.
De su lado, las dirigencias y las bases sindicales tienen mucho que reflexionar y debatir, encontrar caminos nuevos que devuelvan el prestigio y el papel fundamental al sindicalismo.
