Columnas

Exclusión, impuestos y crisis

Con cada nuevo gobierno sucede lo mismo: se enfrentan a demandas sociales acumuladas por décadas y encuentran las arcas vacías, viéndose obligados a plantear una reforma fiscal, que es inmediatamente adversada por la cúpula empresarial. La reforma fracasa o se minimiza, pero nunca se abre un verdadero debate ciudadano sobre la cuestión. Hoy es cuando.

En el sistema capitalista se tributa para paliar las desigualdades que éste genera. Está diseñado para producir y acumular riqueza, si se es dueño de los medios de producción, no para socializar los dividendos.

Es decir, mientras más capitalista es un régimen económico, mayor exclusión genera, porque no está diseñado para redistribuir la riqueza; eso se hace por medio de los impuestos, que sirven para cubrir los servicios básicos, y promover el desarrollo de los excluidos.

La gobernabilidad democrática en los regímenes capitalistas se basa en los preceptos anteriores, es decir, se respeta y promueve la libre empresa y la propiedad privada, pero se establecen impuestos para paliar desigualdades, prestar servicios básicos y tener paz social. A mayor desigualdad, menor gobernabilidad democrática y menos paz. En consecuencia, la baja tributación y la evasión fiscal son factores determinantes del conflicto social.

Por lo anterior, es imperativo discutir a fondo cuánto y con qué destino se tributa. Guatemala es uno de los países del continente con los mayores índices de exclusión, y con uno de los más bajos índices impositivos; más claro, imposible. Existe una clara relación entre exclusión y baja tributación, pues ambos fenómenos son producto del diseño del sistema socio-económico, que depende de la voluntad de los que detentan el poder económico y político.

Durante los últimos años, nuestra macroeconomía estuvo creciendo tres veces más que la de Estados Unidos, mientras la pobreza aumentó casi 10%, la mitad de nuestros niños ya padece hambre, y la cobertura educativa decreció, lo cual es escandaloso. Ningún otro país del continente retrocedió en la lucha contra la pobreza, la desnutrición y el analfabetismo simultáneamente, a lo que se suma el caos en materia de salud. En ese contexto, la pregunta obligada es: ¿Qué tan pronto llegará el estallido social?

Luego viene toda la problemática de cómo se administran los fondos públicos. La corrupción, el despilfarro y la ineficiencia que los funcionarios promueven o toleran, anula el esfuerzo social de los contribuyentes y constituye un crimen de lesa humanidad.

Casos como La Línea y Cooptación del Estado evidencian cómo se pervirtió la política, la economía, la justicia, la prensa y hasta la sociedad. Esta alianza mafiosa entre políticos, empresarios y operadores de justicia hizo colapsar al sistema, aunque los efectos más nocivos de la crisis aún están por venir.

Hasta este año, el sistema pudo paliar las crisis políticas y sociales, porque la macroeconomía seguía creciendo, pero eso se acabó. Según los más reputados economistas, cayó el índice de confianza, se redujo el crédito bancario al sector privado, la inversión privada decreció como nunca, disminiyeron las exportaciones y las importaciones, las grandes empresas se contraen y despiden trabajadores, aumenta la mora en todo tipo de créditos, mientras la deuda pública ya alcanzó un 30% del PIB, y el gasto público se ha reducido consecutivamente durante los últimos cinco trimestres, con graves consecuencias sociales.

Tendremos que debatir el tema de exclusión e impuestos, en la víspera de la tormenta social perfecta.