Un sistema educativo parchado y olvidado

En reciente nota, el exministro de Educación Roberto Moreno alerta sobre el supuesto interés de algunos diputados por revisar la disposición del anterior gobierno de entregar a las instituciones de educación superior la formación de maestros para el nivel primario, revisión que considera enorme retroceso, preguntándose si Guatemala debe seguir pagando los costos de una educación deficiente. Para él, según parece, el simple hecho de haber entregado la formación de maestros a las universidades es ya la solución, automática y simple, de la mejoría de la educación.

El también rector de la Universidad del Valle hace ver, al inicio de su nota, que la Ley nacional de educación, Decreto 12-91 fue aprobada en el apagar de las luces del gobierno de Vinicio Cerezo, sin que hubiera sido “consensuada y analizada con la profundidad que merecía” y de la que se llegó a afirmar que adolecía de varias inconstitucionalidades. Sin embargo y a pesar de esos señalamientos, tiembla al pensar que en el intento de revisar y actualizar esa ley se pueda cuestionar legalmente una disposición ministerial que no tiene sustento claro y legítimo en aquel Decreto legislativo, habiendo sido un acto administrativo realizado a partir de negar el funcionamiento de la carrera de magisterio en el nivel medio, sin que tenga por detrás una norma legal -acuerdo gubernativo o decreto legislativo- que le respalde.

Si de verdad Guatemala ha entrado en una fase de reforma real del Estado a fin de modernizar y actualizar sus instituciones para ponerlas al servicio de la equidad social que nos lleve al desarrollo económico, revisar el Decreto 12-91 es más que una obligación del Congreso de la República. La ley, con todo y sus virtudes, ha quedado desfasada si en verdad queremos poner las instituciones al servicio del ciudadano y dejar de considerarlo sinónimo de cliente consumidor. Revisarla implica un reto no asumido, impedido en estos veinticinco años por el chantaje de la autoritaria burocracia sindical, el maximalismo mercantilista de los dueños de colegios y universidades privadas y el clientelismo populista de las franquicias electorales que nos han gobernado.

Más que temblar ante la posibilidad de regresar a la formación de maestros de primaria al nivel medio, lo que debería preocupar a sus promotores es la evaluación inmediata, externa y auditada socialmente, de lo que se hace y se deja de hacer en la Universidad de San Carlos al respecto. Desde el primer día que se puso en marcha el supuesto proceso salvador de la educación, la formación de maestros comenzó a ser un instrumento más en la producción de clientelas para el grupo en el poder en la Facultad de Humanidades, teniéndose desde entonces programas sabatinos que en nada suponen una mejor formación de maestros, mucho menos mejoría sustancial en su futura práctica profesional. Recuérdese que el anterior modelo, el de las escuelas normales, nunca fue evaluado, descartándolo con base en supuestos no demostrados. La disposición de trasladarlo a las universidades contiene las mismas debilidades que el columnista achaca a la aprobación de la Ley nacional de educación, es decir, no fue “consensuada y analizada con la profundidad que merecía”. Si el Congreso democristiano de 1991 impuso la Ley en el apagar de las luces de su legislatura, el gobierno del PP impuso el cierre de las normales con todo el autoritarismo y elitismo del que hizo gala en sus cuatro años de gestión.

Más que pedir la no discusión y revisión del Decreto 12-91, hay que estimular el debate y revisión de todas las leyes vinculadas a los procesos educativos y productores de conocimientos, desde la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos (Decreto 325-1947), la Ley de Universidades Privadas (Decreto 82-87), pasando por las que castraron la investigación científica (decretos 63-91 y 73-92). Con ello no solo se podría trasladar la formación de maestros al nivel superior, legal y formalmente, sino crear la institución que, autónoma y especializadamente, asumiera su realización. La creación de la Normal Superior permitiría alcanzar todo aquello que en las actuales circunstancias es simplemente un mito, liberándola no solo del clientelismo autoritario de la Facultad de Humanidades de la Usac sino de los intereses mercantilistas que la acechan.