Transportistas amenazan con subirle precio al pasaje

El incremento al IDP tendría un impacto fuerte en la economía de los guatemaltecos.

Después de que el Ejecutivo presentara oficialmente el contenido de la reforma fiscal y lo entregara ayer al Congreso de la Republica, diversos sectores se pronunciaron respecto al aumento a los impuestos, en particular el de los derivados del petróleo, cuyo efecto inmediato sería un aumento en los precios el pasaje, según los transportistas.

El vicepresidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretepax), Otoniel Dighero, comentó que “no hemos analizado a profundidad la reforma fiscal, por lo que tenemos que determinar su impacto en nuestro servicio, porque los incrementos al final se dan generalizados y afectan a la canasta básica, especialmente de la población de clase media”.
Dighero indicó, respecto al pasaje, que “el usuario nunca está dispuesto a pagar más, pero sí es una necesidad; nosotros lo vemos como una última opción, mientras tanto pensamos paliar la situación por otros medios como ahorrar en insumos, tratando de ver cómo economizamos y  un incremento sería la última posibilidad”.

No obstante, explicó que “actualmente por cuestiones de competencia, no cobramos la tarifa máxima autorizada, por ejemplo, a Mazatenango se tiene autorizado cobrar Q40, pero solo se aplica en determinadas épocas, por lo que normalmente se cobra Q20 o Q25, pero en caso dado nos afecte el impuesto, recurriríamos no al incremento, sino a la nivelación de tarifa”.

No garantiza un cambio

El exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, señaló que en esta reforma fiscal se usó mucho del capital político del Gobierno, sin que hubiera garantía de que sea una reforma profunda.
“Creo que se hubiera podido hacer una propuesta muy concreta. Por ejemplo, algo que los diputados pueden contemplar en su discusión es liberar los recursos del IVA- Paz para que en vez de dedicarlos a los consejos de desarrollo se dediquen a educación, salud y justicia. De eso pueden ser unos Q5 mil millones, que no es nada insignificante”, afirmó.

El economista agregó que a la iniciativa le hace falta ser integral, progresiva y simple, y recomendó que el Ejecutivo genere un diálogo entre los sectores involucrados y el Congreso para que la propuesta sea ágil, clara, y sobre todo, en beneficio de los guatemaltecos.

Entre los aspectos negativos, Fuentes señaló que “el impuesto sobre la renta lo están haciendo más complejo: por una parte, el régimen llamado simplificado ahora se va a llamar el complicado, porque en vez de tener una tasa como originalmente se había contemplado, ahora va a tener tres”.
Además, dijo que el régimen para asalariados en vez de tener una tasa baja con muy pocos gastos deducibles, ahora va a tener una tasa que aumenta tres veces, pero con un montón de deducibles, incluyendo el IVA y también los gastos para la educación privada. Ambos son ejemplos de una complejidad innecesaria en la tributación”.

En cuanto al incremento a los combustibles, aseguró que hay un problema político, ya que se está subestimando el potencial de conflicto que crea el aumento al impuesto al diésel.

Fuentes, durante su gestión como ministro de Finanzas en el gobierno de Álvaro Colom, propuso una reforma fiscal que fue fuertemente rechazada por el sector empresarial de Guatemala, lo que provocó su renuncia al cargo.

Sobre las diferencias que encuentra en la actual propuesta de reforma y la que él promovió, dijo: “La que yo promoví surgió de una comisión de diálogo fiscal, que venía del Pacto Fiscal. Entonces ahí hubo un grupo amplio de personas que hicieron la sugerencia básica y esa fue la que nosotros convertimos en proyecto de ley. Hubo un diálogo bastante largo, que venía incluso antes del gobierno de Colom”.

Sin justificación técnica

El analista Paul Boteo y el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Enrique Maldonado, respecto al regreso de la Planilla del IVA, coincidieron en que se debe analizar, debido a que es un retroceso y una medida innecesaria.

“La reforma fiscal de 2012 fue prácticamente un desastre, pero lo poco rescatable que se puede hablar de ella es que se eliminó el tema de las planillas, porque se está combinando un impuesto sobre la renta (ISR) con el IVA (impuesto al valor agregado), están mezclado y eso técnicamente es improcedente, por lo que no tiene ninguna justificación”, dijo Boteo.

Por aparte, Maldonado expresó que “llamamos a evaluar la propuesta porque esto es quitarle una atribución a la administración tributaria, es decir, que quien debe fiscalizar es la Superintendencia no el contribuyente. Adicional a esto, solo beneficia a los empleados que más ingresos tienen y termina generando un mercado secundario de facturas, porque todo el mundo va a querer comprarlas para esto”.

Sobre el aumento a las regalías de las minas, los analistas coinciden en que esta es una industria que está desapareciendo y además representa muy poco de lo recaudado, comparable con los grandes conflictos que genera entre las comunidades y empresas.

Sin embargo, los analistas difieren en el aumento del ISR. Boteo explicó que “el 25% que pagan las empresas es comparable con lo que se está tributando en países desarrollados, por lo que no hay ninguna justificación para incrementarlo”.

Mientras que Maldonado dijo que “vemos con buenos ojos el incremento en la tasa del régimen general de actividades lucrativas, del 25% al 29%, porque eso le da cierto grado de progresividad al impuesto, aunque esta reforma deja intacta la contrarreforma que se hizo en 2013 en donde se faculta para que desarrolladores inmobiliarios únicamente facturen el 70% de sus ventas, no así el 100% de estas”.

En cuanto al cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), a cargo de la SAT, el analista Maldonado explicó que esta disposición obedece a la inoperancia y la incapacidad notoria que han tenido las municipalidades para cobrarlo.

“Tuve conocimiento del caso de la municipalidad de Jutiapa que tiene un año de no cobrar el IUSI para no molestar a los vecinos, pero eso lo que significa es que no hayan sistemas de saneamiento ambiental en ese municipio, por poner un ejemplo, ni otros servicios”.