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Graves acusaciones contra la Policía Federal

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló a la entidad de seguridad.

La Policía Federal de México ejecutó arbitrariamente a 22 personas en una hacienda del estado occidental de Michoacán en 2015, afirmó el jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD). Hubo también dos casos de tortura y dos fallecimientos más provocados por el uso excesivo de la fuerza, dijo Luis Raúl González Pérez, presidente de la entidad. «Se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal», señaló González.

El gobierno indicó que los muertos eran presuntos miembros de un cártel del narcotráfico que se ocultaban en una hacienda, cerca de la frontera con el estado de Jalisco.

La comisión también puso en tela de juicio la explicación gubernamental sobre qué fue lo que condujo al enfrentamiento en primer lugar. La Policía Federal había dicho que encontró un camión desde el cual le dispararon, y que después llegó a la hacienda. En su informe, la comisión dijo que el gobierno no proporcionó evidencia que respaldara dicha versión. La cifra de muertos tan desequilibrada, de 42 a 1, generó sospechas de que se trataba de asesinatos extrajudiciales.

La comisión halló que 40 de los civiles fallecieron por heridas de bala. Uno que murió quemado y otro fue atropellado. El gobierno se negó a presentar los informes de las autopsias de las víctimas. Anteriormente, el Instituto Nacional de Acceso a la Información dijo que no había evidencias de que se tratara de violaciones a los derechos humanos.

La CNHD revela que se presentaron otros tipos de violaciones, como el derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza. Violaciones a la integridad personal, la legalidad y seguridad política con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de 22 personas. A la integridad personal, legalidad y personalidad jurídica con motivo del uso excesivo de la fuerza que derivó en un trato cruel e inhumano y/o degradante al que fue sometida una persona. Violaciones al derecho a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y a la verdad por la falsedad de los informes proporcionados por la PF respecto de la forma en que se desarrolló el operativo.

Redacción

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