Tragedia en la mina de níquel
Cinco trabajadores fallecieron trágicamente la madrugada del 14 de agosto en una empresa extractiva de níquel, en el municipio de El Estor, Izabal. Una caldera explotó. Las explicaciones son insatisfactorias y las autoridades guardan silencio inexplicable.
Un noticiero televisado transmitió un video que refleja en parte las condiciones de trabajo en ese centro productivo. Es notoria la polución en la atmósfera y los trabajadores no portan equipo adecuado de protección, ni siquiera mascarillas, únicamente un casco en la cabeza. El presentador indicó que, según versiones recogidas, pudo tratarse de un error humano, pues las jornadas de trabajo duran hasta 16 horas diarias. Los trabajadores se ven obligados a cubrir turnos extraordinarios para mejorar sus ingresos y satisfacer los requerimientos del patrono.
Seguramente esa tragedia se pudo evitar, pero es obvio que persiste falta de control de prácticas empresariales inescrupulosas e irresponsables que pretenden perpetuar relaciones sociales de producción coloniales, sobreexplotadoras y violatorias de derechos laborales. Alguien debe responder al respecto.
Es indudable que lo sucedido en la mina de níquel demanda nuevas deliberaciones sobre la minería en los territorios y respecto a las condiciones de trabajo en que se desenvuelven los empleados. Son urgentes nuevos esfuerzos y políticas que retomen la vigilancia de las disposiciones vigentes en materia laboral, ambiental y en el plano de la seguridad industrial mediante un adecuado despliegue operativo de las dependencias públicas encargadas. En esto interviene en forma directa el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el IGSS, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía, los que de inmediato deben investigar la situación y presentar un informe satisfactorio a la población.
El trabajo es una esfera fundamental en la vida social y ocupa un lugar central. Sus derivaciones se extienden al desempeño del mercado y la economía, así como a la esfera pública. Es el motivo de defender y dignificar las instituciones que lo protegen. Guatemala es de los pocos países en donde el tema laboral se aborda de manera periférica, no se reconoce el valor del trabajo. El tema es apenas un mal necesario para los patronos y los políticos, un deseo para los desempleados y una fuente de angustias del que ocupa un puesto laboral.
La sociedad debe reaccionar y expresar su indignación, al igual que las organizaciones sindicales, indígenas, ambientalistas y de derechos humanos que siguen sin pronunciarse. El país perdió a cinco personas valiosas para sus familias y para el desarrollo del país. Es necesario honrarlos, evitando que esto quede impune y se vuelva a repetir. Las prácticas patronales irresponsables tienen que modificarse.
Aunque llorarlos es insuficiente, expreso mi sentimiento solidario a las familias y compañeros de los trabajadores del pueblo maya-q’eqchi’ que perdieron la vida y de aquellos que resultaron heridos.
