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Delito de Intrusión

Entre los que nuestro Código Penal denomina “Delitos que comprometen las relaciones exteriores del Estado” (artículos comprendidos del 371 al 372) existe uno que me ha llamado especialmente la atención como resultado del fallido golpe de Estado ocurrido recientemente en Turquía. El presidente Erdogan acusa como su principal responsable a Fethullah Gülen, quien reside en los Estados Unidos de América desde hace ya varias décadas. Usando nuestra propia terminología, se trataría del delito denominado “Intrusión”, tipificado en el artículo 371 de esta manera: “Quien, en territorio guatemalteco realice actividades destinadas a alterar violentamente el orden político de un Estado extranjero, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de doscientos a dos mil quetzales”.

Dicho con otras palabras, ninguna persona –nacional o extranjera, pues el Código no hace distinción alguna al respecto—puede utilizar el territorio guatemalteco como plataforma para  alterar “violentamente” el orden político de un Estado extranjero. Subrayo “violentamente”, porque implica el uso de la fuerza, de las armas… Siguiendo el tenor literal del artículo, cabe aceptar el uso de nuestro territorio con el propósito de alterar el orden político de un Estado extranjero por medios pacíficos, conducta que eventualmente estaría protegida por la libertad de expresión regulada por el artículo 35 constitucional –claro está— con ciertas limitaciones, habida cuenta que algunos tratados internacionales prohíben, por ejemplo, transmisiones de radio destinadas a subvertir el orden constitucional de otros países.

En el caso de Guatemala, el ejemplo más ilustrativo me parece que es el de la base militar establecida en la finca La Helvetia en el departamento de Retalhuleu, con la protección gubernamental para que cubanos anticastristas invadieran su país. Eran otros tiempos y regían una Constitución y un Código Penal distintos a los actuales.

La perspectiva de nuestra Constitución nos obliga a reconocer como norma general que “Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz…” (artículo 149). Otro aspecto interesante a considerar, desde la perspectiva del derecho local, es el significado de la expresión “orden político”, que cabe asimilar al de “orden constitucional”.

Baste citar con este motivo y a título de ejemplo el principio de no intervención consagrado por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos, para comprender el  motivo que justifica reprimir actividades como las descritas anteriormente, cometidas por nacionales o por extranjeros dentro del territorio nacional y con el propósito de alterar el orden político antes referido por medios violentos. Pero hay algo más. El crimen político realizado dentro del territorio nacional conlleva la responsabilidad para el Estado en que se cometió “fundamentada en la ausencia de previsión, cuido y vigilancia”, afirma Daniel Guerra Iñiguez (Derecho Internacional Público, 11ª edición, Caracas, 1999).

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