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¿Qué es la calidad del gasto público?

En su columna de elPeriódico (25/8/2016), decía Salvador Paiz que debemos dejar de hablar de calidad de gasto, un concepto loable pero abstracto, y se pregunta si hay alguien que pueda definir con precisión esa meta elusiva. Ciertamente hay una fuerte tendencia a convertir muchos términos en lugares comunes, como sucede con políticas públicas, modelo de desarrollo, populismo, etcétera. La palabra calidad se ha vuelto, por otra parte, de uso más que común en nuestro país. Si usted va al mercado y pregunta cómo están los mangos, los duraznos o los tomates, no dicen que están dulces, sabrosos o jugosos. Le responderán que están “calidá”. Así que hagamos un esfuerzo de aproximarnos al concepto y veamos después algunos ejemplos del gasto público en Guatemala, para ver qué tan cerca o lejos nos encontramos de él.

Calidad, según el Diccionario de la lengua española, es la propiedad o propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. En el caso del gasto público, en el estudio Calidad del Gasto Público y reformas institucionales en América Latina, publicado por Cepal/GIZ en 2014, las autoras indican que el concepto abarca los elementos que garantizan un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Por eficacia todos entendemos el logro de algo; y por eficiencia, la relación entre costo o recursos utilizados y los  resultados alcanzados. Un gasto público será eficaz y eficiente, en la medida en que, con el menor costo posible, alcance los fines y deberes del Estado. Será ineficaz e ineficiente, cuando no se utiliza para alcanzarlos o hay una enorme diferencia entre el gasto realizado y los logros. En el estudio mencionado las autoras citan un ranking de desempeño de servicios públicos de 17 países de América Latina, donde, para variar, Costa Rica (1) y Uruguay (2) están por encima de la media, y los más bajos son Bolivia (17), Paraguay (16) y Guatemala (15).  Honduras (12) tiene una carga tributaria superior al promedio de América Latina y con indicadores similares a los nuestros, lo que reitera la importancia de la calidad del gasto público.

En el caso de Guatemala, con tantas necesidades insatisfechas y tantos rezagos, con indicadores de los más precarios del mundo, a pesar de tener un ingreso medio, el gasto público debe responder a una serie de principios. Comenzando por la probidad, que significa honradez, pero también decoro, recato y moderación, actuar de forma intachable. La Ley de Probidad y Responsabilidad de los Funcionarios Públicos indica que los funcionarios deben administrar con prudencia los recursos del Estado, y prudencia significa sensatez y buen juicio.

Así que a la luz de los anteriores conceptos debemos juzgar cómo los funcionarios gastan los recursos públicos. Podemos decir que no hay moderación ni sensatez, cuando el Organismo Ejecutivo tiene el desproporcionado número de 19 secretarías, que además atentan contra la eficiencia y eficacia, por la frecuente duplicidad de funciones. O dedicar más de 1,000 empleados y Q156 millones anales a la seguridad presidencial, incluyendo su ofensiva caravana de vehículos blindados. Los recursos que dilapidan los Consejos de Desarrollo y las municipalidades, patrocinando equipos de la Liga Mayor de Futbol, como hemos señalado en muchas ocasiones, o los destinados al deporte, incluyendo el federado, ya no digamos los que ejecuta el Ministerio de Cultura y Deportes, son otros ejemplos. Ponen la guinda al pastel los dirigentes del COI, quienes con olímpico cinismo dicen que reciben los $240 diarios para gastos de bolsillo porque lo autoriza un reglamento, y que los Q1,400 por maleta es por razones de imagen. ¿Serán tan miserables que no tienen una buena maleta para viajar?; y que utilizaron fondos públicos porque iban en representación del país, no personal. ¡Quiere decir que tendríamos que cubrirles hasta el costo de los calzoncillos!

Y mientras tanto, si alguien acude a un hospital público y necesita un examen de sangre, tiene que ir a un laboratorio privado. O la mísera cantidad, como reconoce el presidente, de Q1.12 diarios dedicados  a la refacción escolar en las áreas urbanas y Q1.52 en las rurales. En resumen, necesitamos una verdadera cruzada en favor de la calidad del gasto público.

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