Reformas del clamor popular
El presidente del Ejecutivo, Jimmy Morales, envió ayer al Congreso de la República una propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP) que, según él, responden al clamor popular y que quedaron pendientes en las modificaciones sancionadas en mayo recién pasado.
Junto a esa iniciativa incluyó dos más, que contienen cambios y adiciones a la Ley de Bancos y Grupos financieros, y el proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN)
El paquete de reformas a la LEEP, denominado por el mandatario como “segunda generación”, complementa las reformas electorales aprobadas hace tres meses, que incluyeron la fiscalización de los partidos, la regulación de las encuestas electorales y de las pautas publicitarias, la prohibición a los funcionarios de hacer proselitismo, y el voto en el extranjero, entre otros aspectos.
Ayer, antes de enviar las iniciativas de ley al Legislativo, Morales se reunió con representantes de los 26 sectores de la sociedad civil que participaron en la redacción de la propuesta de modificaciones a la LEEP. Ahí aseguró que representa la modernización del padrón electoral y la democratización interna de las organizaciones políticas, y que plantea la modernización del sistema de elección para garantizar la alternancia y la creación de partidos distritales.
Otro aspecto que resaltó es lo relativo al fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la implementación de voto preferente, de manera que los votantes puedan elegir a los diputados sin importar el lugar que ocupan en las listas, por medio de su fotografía.
Entre los cambios más significativos propuestos figura que tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sean elegidos para un período de 8 años y 2 para 4, pero también se establece que no podrán ser reelegidos para un nuevo período.
En lo que respecta a la postulación de candidatos a cargos de elección popular, no podrán participar parientes y las nominaciones deben alternarse entre hombres y mujeres para garantizar la igualdad en número y puestos, entre otros.
Es sabido que, efectivamente, una de las principales demandas de los guatemaltecos en las manifestaciones masivas del año pasado contra la corrupción, era modificar las leyes que han dado lugar a la podredumbre del sistema político guatemalteco y que llevaron al país a tan lamentables niveles de impunidad.
Desde ya, en corrillos parlamentarios comentan los diputados que ven cuesta arriba de que el paquete de reformas sea conocido antes de que finalice el año. Ojalá que los diputados asuman con responsabilidad el papel que la sociedad les ha encomendado, y que entren a conocer pronto las iniciativas, pensando en el bien para el país y no en buscar la manera de mantener vivo un sistema de partidos políticos caduco.
