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Ayer fue presentado el informe “Más allá del conflicto, luchas por el bienestar”, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Leerlo es enfrentarse de manera brutal a perversidades sociales y económicas, es decir, en Guatemala, lo poco que funciona, funciona mal, por no decir de la infinidad de carencias que más de las veces ignoramos.

Para empezar las cifras carecen de retórica y para nada ofrecen información por abonos. Estas son directas, duras, dolorosas: el 82% de la población obtiene bajos ingresos, muy por debajo de lo mínimo necesario para vivir con una vida digna. Además, 8 de cada 10 hogares no cubren satisfactoriamente sus gastos. El salario mínimo (Q2,644.40) es insuficiente para cubrir la canasta básica vital (Q6,550.70). En esa dirección, el estudio señala la pésima calidad de la educación pública. Por lo mismo, la mayoría tiene menos de 6 años de escolaridad y 7 de cada 10 trabaja en la informalidad.

Por otra parte, el estudio demuestra cómo el crecimiento del índice de desarrollo humano bajó del 2.3% anual a 0.3% en la actualidad. Paralelo a ello, cabe destacar un dato crucial: después de la firma de la paz, la pobreza pasó del 72% a 58% hasta 2006. Diez años posteriores a esa fecha, la pobreza volvió a incrementarse.

Como sea, las cifras son incuestionables: 6.2% del PIB se destina al gasto social, mientras en la región asciende a 18%; 53% de la población no logra cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. Asimismo, 92% de productores agrícolas padecen infrasubsistencia, y una cuarta parte de los que habitan el país se quedó sin comida por falta de dinero el año pasado.

Este año se cumplen 20 años de la firma de la paz. El impulso de esos primeros años alentó esperanzas. Sin embargo, el tránsito de una sociedad confrontada a una sociedad en paz y con desarrollo sostenible empezó a tardar más de lo previsto. He ahí por qué empezamos a sospechar que ese impasse no acabaría nunca. Los sucesos del 2015 abrieron el telón para representar la posibilidad de una refundación republicana.

La arrogancia que rebasó todos los límites es la amarga lección del presente. Es el fracaso de las élites por construir un país menos ríspido, menos triste. La desigualdad y la exclusión es la carta de navegación de un sistema decadente. Las disparidades no son un complot, ahí están los 441 conflictos que señala PNUD. Ignorar y condenar la resistencia de comunidades a proyectos que significan no solo un riesgo ambiental, sino un foco de permanente exclusión, es la mejor demostración de ese descalabro. Como indica el estudio, las manifestaciones públicas y demandas colectivas deben ser comprendidas más allá de la conflictividad. Su raíz, la ausencia de un modelo incluyente.

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