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Corruptos al acecho

Con frecuencia se comenta, especialmente por gente vinculada a los dos últimos gobiernos, que la insistencia en la lucha contra la corrupción distrae la atención sobre los problemas de fondo del país, relacionados con la excesiva concentración de la riqueza, la pobreza, la desnutrición crónica, el cambio climático, la seguridad ciudadana, la creación de empleo, la competitividad, el desarrollo rural, la debilidad de las finanzas públicas, la insuficiente infraestructura, la modernización del sistema de partidos políticos y del Estado, y muchos más.

En mi opinión, el combate a la corrupción es una condición necesaria para acometer, en mejores condiciones, la solución de muchos de esos problemas.  Se trata de un tema capaz de unir a la mayoría de la población, como la lucha contra las dictaduras.  Se puede convertir en un objetivo común, en tanto que al identificar respuestas a muchos de los problemas antes mencionados aparecen las diferencias ideológicas. Por ejemplo, respecto a las finanzas públicas: una fiscalidad basada en impuestos indirectos -regresiva, que aumenta la desigualdad- o en impuestos directos – progresiva, que contribuye a reducirla- y así en casi todos los demás.

En una sociedad democrática la corrupción, además de ser constitutiva de delitos, pervierte y deslegitima el poder.  Este se ejerce para servir al bien común.  Cuando se entroniza la corrupción, se convierte en un instrumento para beneficio de quienes lo detentan.  Por eso, en casi todas las sociedades modernas hay  preocupación y rechazo por las acciones corruptas pero, lamentablemente, quienes ocupan los cargos públicos no siempre actúan en función de atender ese rechazo y ponerle barreras cada vez más infranqueables.

En Brasil la fiscalía general hizo recientemente 10 propuestas de reformas legales e institucionales para combatir la corrupción.  En España un panel de expertos formuló recomendaciones en la misma línea.  Aquí, fuera de las acciones del MP y de la CICIG, y de las reformas a la Ley de Contrataciones al final de la pasada legislatura, no surgen iniciativas de parte de ninguno de los organismos del Estado.  La reforma a la Ley de Servicio Civil del Congreso fue atol con el dedo.  La mayoría de diputados se limita a tantear, a entretener la nigua, con un pasito para adelante y dos para atrás, para no despertar la indignación ciudadana.  Los corruptos no están arrepentidos.  Solamente al acecho.

Del Ejecutivo, a casi un año de gobierno, no hay una iniciativa relevante para erradicar la corrupción.  Tampoco se observan acciones orientadas a evitar que la prisión preventiva, a la que están sometidos numerosos exfuncionarios, sea una jaula de oro.  Muchos de ellos saben que no tienen posibilidades de evitar una condena. La dictada la  semana pasada, en forma bastante ágil, contra el exdiputado Rivera, es una muestra de ello. En Brasil se dice que los juicios contra funcionarios señalados de corrupción podían prolongarse hasta por 15 años en las cortes de apelaciones. Y aquí Pérez Molina y sus secuaces apuestan al alargamiento para, con la complicidad de las autoridades penitenciarias, vivir en condiciones privilegiadas buena parte de las condenas que seguramente les impondrán.  Si se endurece el régimen carcelario, ya no saldrán con argumentos tan ridículos como que sus abogados tienen otros compromisos que atender.

Mientras  tanto, el presidente Morales y el vicepresidente Cabrera juegan con fuego.  Hay muchos rumores sobre actos de corrupción y no se ven acciones que demuestren que ni corruptos ni ladrones solo era un eslogan de campaña.  El vicepresidente da explicaciones que no convencen a nadie sobre el contrato de la residencia en la zona 14.  Olvida que así comenzaron Pérez Molina y Baldetti.  El primero con una casa arrendada a un traficante de influencia y la segunda adquiriendo una lujosa mansión.

Aparte de terminar con las jaulas de oro, ya es hora que presenten alguna iniciativa para que la declaración patrimonial sea pública, y para endurecer las penas por delitos contra la administración pública. Volviendo a Brasil, la fiscalía hizo propuestas que las duplican y hasta las triplican.  En todo el mundo hay consenso sobre que las penas severas son un indispensable elemento disuasivo.

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