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Test de constitucionalidad

Sobre el juicio político al presidente” (El Nacional, 3.11.16), del  constitucionalista venezolano Juan Manuel Raffalli, examina la naturaleza del enjuiciamiento político promovido por la Asamblea Nacional de su país contra el presidente Maduro. Del mismo les comparto esta síntesis.

El juzgamiento pretende “determinar si el presidente se ha apartado de su cargo conforme a la Constitución”, para lo cual distingue dos conceptos: “enjuiciamiento judicial” y “juicio político”.  Tal como en Guatemala, “En Venezuela el enjuiciamiento del presidente por la comisión de delitos está claramente regulado en la Constitución […] Básicamente se requiere un antejuicio […] ante la Sala Plena del TSJ y la autorización previa de Asamblea Nacional para que el presidente sea enjuiciado”.test

En cambio, “El juicio político no es el enjuiciamiento judicial […] es una actividad que desplegaría exclusivamente la AN y que concluiría con un pronunciamiento del Poder Legislativo Nacional, sobre el apego o no del presidente a la Constitución en el ejercicio de su cargo. En este sentido debe precisarse que el cargo de Presidente de la República viene determinado por sus competencias y obligaciones funcionales previstas en […] la Constitución, entre ellas hacer cumplir la Constitución y las leyes y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. En consecuencia, lo que se ha planteado la AN es hacer un test de constitucionalidad a la gestión de Nicolás Maduro, por vía de lo que ha llamado un juicio político.

(L)a competencia de la AN para llevar a efecto este proceso, tendría que circunscribirse a las facultades generales de control político que sobre la administración pública puede ejecutar el Poder Legislativo […] Vale decir, juzgar políticamente al Presidente de la República implica ejercer una función de control dentro del esquema de equilibrio de poderes que establece la propia Constitución. Sobre este punto, es muy importante destacar que […] la Constitución señala expresamente que es competencia de la AN “declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos” y, sin duda alguna, ello incluye al Presidente de la República.

Pero […] si la AN determina la responsabilidad del presidente, deberá pasar las actuaciones al Poder Ciudadano para que inicie la acción correspondiente para hacer efectiva tal responsabilidad. […] precisamente por esta potestad de control y determinación de responsabilidad política sobre la gestión presidencial, es que cada año el presidente debe comparecer ante el Parlamento Nacional a rendir cuentas de su gestión. […] el juicio político implicaría determinar expresamente qué actos u omisiones del presidente suponen un transgresión de las obligaciones y facultades que la Constitución consagra como inherentes al cargo. Suponemos que, entre estos actos u omisiones, la AN analizará temas como la aprobación del Presupuesto Nacional, la actitud del presidente ante el referéndum revocatorio, las relaciones internacionales, y el desconocimiento de la Asamblea Nacional. Recordemos que, según […] la Constitución, el presidente es responsable de sus actos y ello entraña responsabilidades legales y políticas”.

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