Columnas

Más que elección y privilegios

En un ambiente de súbita enfermedad del diputado Mario Taracena, presidente del Congreso, renunció la diputada Nineth Montenegro como candidata no formalizada y salió a luz la candidatura de Óscar Chinchilla de los bloques parlamentarios minoritarios que incluyen al partido oficial, quien al mediodía del 8 de noviembre era votado por 101 diputados como presidente para 2017. Lo sucedido debe captar la atención ciudadana, pues más que pulso por la Junta Directiva del Congreso, fue por lo que viene en el futuro inmediato. Entraron en disputa aspiraciones e intereses y por eso la afirmación, no fue una elección más.

Las aspiraciones están ligadas con las movilizaciones urbanas del 2015 en reclamo por la corrupción y la impunidad campantes. Las demandas y expectativas de entonces, que generalmente se resumen en transparencia y rendición de cuentas, tienen implicaciones amplias y profundas en sus raíces, en las estructuras injustas prevalecientes que son determinantes de los grandes rezagos económicos, políticos, sociales y culturales que afronta el país. Son las que definieron el curso de los antagonismos en los años cincuenta del siglo pasado y acumularon condiciones y fuerzas hasta el estallido del conflicto armado interno en los sesenta, el cual finalizó en 1996 con acuerdos que tras 20 años, aún no se convierten en paz firme y duradera.

La elección de la Junta Directiva del Congreso representa las contradicciones entre facciones políticas que resumen al menos dos posicionamientos al respecto. Uno, convertir los reclamos anticorrupción y antiimpunidad en reformas constitucionales, legales e institucionales que zanjen la indignación ciudadana desatada el año pasado. Esto no significa que la ruta democrática sea el orden por establecer sino la necesidad de ceder para frenar cambios abruptos e incontrolables que alteren el sistema político en profundidad. Buscan estabilidad y certeza.Y dos, un polo de rechazo a cualquiera transformaciones para que las cosas sigan operando de manera semejante, aunque no igual, a los tiempos anteriores a las protestas del 2015, sin que les importe la inestabilidad política que se genere.

En esto tienen que ver las reformas constitucionales en materia de justicia, que en líneas gruesas son legado de los Acuerdos de Paz. De aprobarse en el Congreso como fueron presentadas y de lograrse apoyo ciudadano en la consulta popular, tendrán repercusiones en la Corte de Constitucionalidad y en el Organismo Judicial, lo cual es probable que extienda susimplicaciones hasta el Organismo Ejecutivo, el Organismo Legislativo y el orden vigente.

La disputa va más allá de solo privilegios y otras menudencias entre diputados. Es la determinación de condiciones que den apertura a reformas y a cambios políticos e institucionales importantes o bien la continuidad de la corrupción, el clientelismo político y el burocratismo en el aparato del Estado, así como a la impunidad, pariente cercana de estos.